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Azcón se arroga competencias del pleno utilizando el estado de alarma

El Alcalde de Zaragoza suplanta la voluntad del pleno al modificar ordenanzas fiscales sin tener la competencia para ello.

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El Alcalde de Zaragoza Jorge Azcón ha utilizado el estado de alarma y la «urgente y extraordinaria» situación que vivimos para suplantar la voluntad del pleno muncipal y modificar ordenanzas fiscales sin tener potestad legal para ello.

El pasado día 13, Azcón firmó la Resolucion 20200011182, un Decreto de Alcaldía por el que se adoptan medidas fiscales urgentes y de extraordinaria necesidad frente COVID-19.  Concretamente, el Decreto del Alcalde establece el sistema de facturación para los meses de marzo y abril de 2020 de la tasas de abastecimiento y tarifas de saneamiento de agua; de las tasas de recogida y tratamiento de residuos y la aplicación de reducciones para los meses de marzo y abril de 2020 de determinadas tasas de ocupación del dominio público local (badenes/reserva de espacio, veladores), y mercados periódicos o quioscos.

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Así, para todos «los usos no domésticos» y sin distinguir entre los negocios e industrias que permanecen cerrados y los que siguen abriendo,  el decreto reduce la tasa de recogida y tratamiento de basura mientras dure el estado de alarma. Lo mismo hace para badenes y reserva de espacio, los veladores, mercados ambulantes, o quioscos. La modificación firmada por Azcón fue anunciada en rueda de prensa por la Vicealcaldesa Sara Fernández y por la Consejera de Economía María Navarro.

La competencia de modificar las tasas es del pleno

Al margen de lo acertado que pudieran ser estas medidas, que suponen una pérdida para la ciudad de más de 2.280.000 euros según la estimación que Navarro hizo llegar a la Junta de Portavoces, la principal cuestión es cómo Azcón retuerce la legalidad para tomar una decisión sobre la que carece de competencias usurpándoselas al pleno municipal.

El principal argumento que utiliza Azcón es que se han suspendido las sesiones plenarias y que por «urgente y extraordinaria necesidad» adopta dichas medidas. Si no se han celebrado plenos en el Ayuntamiento de Zaragoza desde el pasado mes de febrero, es únicamente porque el propio Alcalde no lo estaba convocando, ya que tras la declaración del Estado de Alarma, el Real Decreto-ley 11/2020 aprobado el 31 de marzo le confería la potestad de hacerlo para celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos como videoconferencias. De hecho, el pleno municipal ya fue convocado al día siguiente de firmarse el Decreto y se celebrará este viernes 17.

Según el equipo jurídico de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincia), durante el estado de alarma el gobierno «no ha dictado ninguna norma específica que haga referencia a la posibilidad de eximir tributos por parte de las Entidades Locales, por tanto se debe estar al marco normativo vigente». Esto implica que las competencias para la modificación serían siempre del pleno y nunca del alcalde ya que es al primero a quien la Ley se las atribuye, algo que el RD no cambia.

A juicio del especialista en derecho local Víctor Almonacid, «la declaración del estado de alarma no altera per se el régimen legal de distribución de competencias«. Al poder celebrarse los plenos por medios telemáticos, acogerse a la urgente y extraordinaria necesidad, «no es una alternativa» ni una «vía para el ejercicio de las competencias ordinarias del Pleno», ya que como «regla general», los actos administrativos se dictarán por «el procedimiento legalmente establecido».

Además, desde la FEMP también se considera que aunque fuera el pleno quien adoptara la decisión de modificar alguna de las ordenanzas de devengo anual, como por ejemplo lo son las de ocupación del dominio público local (badenes o veladores), dicha modificación no podría tener efectos durante este año «ya que no se puede modificar la cuota tributaria de un tributo que se ha devengado» y «no podría entrar en vigor hasta el ejercicio 2021».

Por tanto, el Alcalde de Zaragoza con el Decreto firmado el pasado 13 estaría infringiendo las normas tanto desde un punto de vista formal al no tener la competencia para hacerlo, como desde un punto de vista material, ya que varias de esas ordenanzas modificadas no pueden cambiarse durante este ejercicio.

 

 

 

 

 

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