Inicio Zaragoza Varias entidades presentan un recurso contra la licencia concedida a Torre Village

Varias entidades presentan un recurso contra la licencia concedida a Torre Village

Según los impulsores del recurso, la inexistencia de control ambiental provocaría la nulidad de pleno derecho de la orden dictada por la DGA

También afirman que la administración autonómica ha hecho dejación de sus potestades administrativas de control que le corresponden, posicionándose con los intereses de los grandes empresarios y contra los pequeños y medianos comerciantes

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Obras de Torre Village

Varias entidades, sindicatos y organizaciones políticas han presentado un Recurso de Reposición contra la Orden de 12 de abril de 2019 de la Consejera de Economía del Gobierno de Aragón, por la que se otorga licencia comercial a la gran superficie TorreVillage”, promovida por Iberebro S.A. en la Autovía de Logroño, en el término municipal de Zaragoza. Entre ellas está la Federación Asociaciones de Barrios de Zaragoza, la Asociación Yo compro en Las Fuentes y alrededores, Asociación San Jose Barrio Comercial, Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de la provincia de Huesca, Ecologistas en Acción, UGT, CCOO, IU y Podemos.

El Recurso presentado destaca que, además de la ausencia de planeamiento urbanístico válido que ampare ese desarrollo, la administración autonómica ha hecho dejación de sus potestades administrativas de control que le corresponden en base a diferente normativa, posicionándose indebidamente a favor de los intereses de los grandes empresarios en lugar de los pequeños y medianos comerciantes que defienden la ciudad consolidada.

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Así se señalan diferentes y graves infracciones como la inexistencia de control ambiental, lo que a juicio de estas entidades provocaría la nulidad de pleno derecho de la orden dictada por la Consejera. En este sentido, recuerdan que la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista señala en su exposición de motivos que “A la hora de someter a autorización administrativa la instalación de establecimientos comerciales, deben tomarse en consideración los estudios de la doctrina científica, según la cual podría generar impacto ambiental y territorial la instalación y apertura de establecimientos comerciales a partir de los 2.500 metros cuadrados de superficie comercial”. Y que la Disposición Adicional Octava de la misma norma prevé la obligación de que estos proyectos cuenten con evaluación de impacto ambiental.

Según los autores del recurso, tampoco se habría cumplido la Ley de Comercio de Aragón de 2015 que establece que los grandes centros comerciales están sometidos a licencia comercial y la obligación de supervisar y proteger “el interés general” ni la de “comprobar la ausencia de afección al interés general de la actividad”, debiéndose obtener los informes de los diversos departamentos o administraciones públicas competente en cada rama de los ámbitos que puedan verse afectados. Destacan especialmente que no se ha tenido en cuenta el apartado que obliga a denegar cuando “el establecimiento vaya a producir de modo inevitable y en corto plazo un abandono de importantes zonas comerciales de la ciudad o población que no sean susceptibles de otros usos y que conlleve también el desuso de infraestructuras construidas con motivo de su creación, pudiendo generar esta situación problemas de seguridad ciudadana o de salubridad en la población”.

Los firmantes del recurso recuerdan la existencia de informes municipales como el del Instituto Municipal de Fomento Empresarial donde se concluye que la apertura de este centro afectará al comercio de proximidad puesto que la renta disponible es la misma, pudiéndose además instalarse dicho modelo dentro de la ciudad consolidada. Un informe que no sólo no se ha tenido en cuenta, sino que ni siquiera se ha solicitado otro para analizar las repercusiones de la implantación que nos ocupa en el comercio urbano de proximidad. Tampoco se han contemplado las resoluciones de la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento Pleno de Huesca, que se posicionaron en contra de dicho proyecto y que fueron remitidas a la Administración autonómica.

En definitiva, señalan que este proyecto comercial «no es sostenible medioambientalmente» y que supone «un ataque al pequeño comercio de la ciudad de Zaragoza y su entorno». Por todo ello siguen abiertas y en estudio todas las vías legales contra las actuaciones relacionadas con el desarrollo del complejo Torre Village, después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anuló el plan especial del Ayuntamiento de Zaragoza.

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