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Un tribunal evita que el Gobierno deporte a una zona de guerra a un joven de Huesca

La Audiencia Nacional revoca la resolución por la que el Ministerio de Interior denegó la condición de refugiado y propuso devolver a la zona de mayor intensidad del conflicto armado ucraniano a un joven originario de ese país y trastornado por los bombardeos y la violencia

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Más de 2.000 civiles son asesinados cada año en la guerra civil ucraniana.

La Audiencia Nacional ha obligado al Ministerio del Interior a reconocer a un joven ucraniano de 34 años afincado en Huesca la condición de refugiado, y ha impedido que lo deporte a una zona de guerra, tras constatar la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba en su país, que encara su cuarto año de guerra: los bombardeos y las condiciones infrahumanas en las que se vio obligado a sobrevivir acabaron por provocarle un trastorno mental que lo ha convertido en una persona dependiente de su madre.

“Resulta evidente” que “nos encontramos con una persona en situación de vulnerabilidad, que carece de apoyo familiar o social en Ucrania” y que no puede hallar en ese país “un sistema de protección interno que pueda cubrir las necesidades” que presenta, señala la Audiencia Nacional, que considera que, en caso de regresar, se vería obligado a enfrentar un “riego probable” para “la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada”.

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El joven, rescatado hace unos meses por su madre, vivía en Kurachovo, una ciudad de la provincia de Donestk, donde “estaba todo el tiempo escondido, ya que a sus alrededores estallaban bombas continuamente”, según explicó él mismo a los responsables de Extranjería que tramitaron su expediente. “El edificio donde vivía no tenía ni cristales debido a las bombas, ni teníamos nada para comer”, y “por la calle veía muertos”, señaló, por lo que “salió cuanto antes de Ucrania”, donde “mucha gente joven como yo ha desaparecido”.

Tenía, obviamente, miedo de regresar a su país, “puesto que los problemas que había continúan ahora, y bien puedo desaparecer o morir”, indicó.

Abocado al desamparo

Esa angustiante situación cotidiana le llevó a sufrir un trastorno mental. Según dictaminó el Servicio de Psiquiatría del hospital San Jorge de Huesca, padece “alucinaciones y delirios” con “probable contenido paranoide”, además de tendencia a ocultarse (rechazo del contacto ocular), todo ello “agravado o desencadenado por las vivencias traumáticas vividas recientemente en el conflicto ucraniano, altamente estresante para una personalidad frágil psíquicamente”.

Su situación de vulnerabilidad y dependencia de su madre, tanto en lo económico como en lo emocional, a lo que se une la barrera idiomática para establecer relaciones sociales fuera del hogar, en el que permanece la mayor parte del día, llevó a los propios médicos  a  recomendar “que el paciente pueda seguir permaneciendo en nuestro país y recibiendo el tratamiento más adecuado para su trastorno”, ya que “ni dispone allí [en Ucrania] de personas que puedan mantener el apoyo y supervisión que precisa” ni los servicios de salud mental “podrían prestarle el seguimiento que actualmente precisa”, por lo que un eventual regreso lo dejaría “abocado a un posible desamparo clínico y social”.

Ese dictamen resultó clave para que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional revocara la resolución por la que el Ministerio del Interior le había denegado la condición de refugiado a mediados de 2017.

Todo bajo control, según Interior

Interior, que previamente había recibido un informe desfavorable de la CIAR (Comisión Internacional de Apoyo al Refugiado), había desestimado su petición por dos motivos. Por una parte, porque no había sido detenido, encarcelado ni represaliado por el Gobierno ni por los insurgentes. Y, por otra, por estimar que por su ciudad de origen “pasa uno de los corredores humanitarios sobre los que impera el alto el fuego” y “está bajo dominio del gobierno de Kiev, por lo que impera la seguridad y legalidad”, por lo que regresar allí “no supone un riesgo a su seguridad”.

La Audiencia Nacional, por el contrario, deja claro desde el primer momento que el joven “se encuentra en situación de vulnerabilidad, lo que implica que el realojo no es una opción viable”. Y añade que el hecho de que la ciudad esté bajo el control del Gobierno “no implica que sea segura”; de hecho, la situación de “violencia indiscriminada” que se ha vivido en ella “implica que la respuesta de las autoridades se encuentra muy limitada en su efectividad”. Devolverlo allí  “implicaría desprotección”, zanja.

Un informe de Amnistía Internacional incluido en el proceso señala cómo, “según la ONU, a fecha de 15 de agosto [de 2017], 10.225 personas habían perdido la vida, entre ellas 2.505 civiles”, como consecuencia del conflicto bélico en Ucrania. Mientras tanto, la Misión de Observación de Derechos Humanos de las Naciones Unidas indica cómo “en las zonas afectadas por el conflicto, el aumento de la pobreza y el desempleo, sumado a los precios astronómicos de los alimentos, había trastornado la vida de 3,8 millones de personas, que ya soportaban las penalidades diarias causadas por las hostilidades armadas y las políticas conexas impuestas por todas las partes”.

La zona de mayor intensidad del conflicto se localiza en el este del país, en las provincias de Lugansk y Donetsk, a 48 kilómetros de la cual se encuentra Kurachovo, lo que lleva al tribunal a concluir que el joven “vive, y así ha quedado acreditado, en zona de guerra”, por mucho que “no ha sido objeto de agresión en el conflicto, ni consta persecución personal alguna”.

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