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Un pelotazo inverso: la inmobiliaria del Real Zaragoza debe más de dos millones a Hacienda, la DGA y el ayuntamiento

La filial Zaragoza Real Estate, liquidada por quiebra unos años después de lanzarla la SAD para dar un pelotazo con las antiguas oficinas del club, arrastra deudas por valor de más de cuatro millones mientras su matriz asegura que no puede pasarle más de 5.000 euros mensuales mientras siga en segunda división

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La filial inmobiliaria del Real Zaragoza sigue arrastrando una deuda de más de cuatro millones de euros tras llevar más de seis años en liquidación.

Lo que iba a ser un pelotazo ha terminado derivando en un descomunal agujero en las arcas públicas cuya fecha de cobertura sigue sin percibirse en el horizonte seis años después de comenzar: la filial inmobiliaria del Real Zaragoza, Zaragoza Real Estate, creada en los años de la burbuja para dar un pelotazo con el antiguo edificio de las oficinas del club de fútbol en la plaza Eduardo Ibarra (aquellos pisos de 6.000 euros el metro cuadrado), arrastra una deuda de más de cuatro millones de euros.

La mitad de ella tiene como acreedores a la Agencia Tributaria, al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza, que suman impagos pendientes de cobro por valor de más de dos millones de euros.

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Un informe recientemente remitido al Juzgado Mercantil número 2 de la capital aragonesa por los administradores concursales de ambas entidades, la SAD (Sociedad Anónima Deportiva) de Agapito Iglesias que ahora gestiona la Fundación 2032 y su filial, cifra en 1.920.715 euros la deuda con Hacienda, en 398.702 los débitos con la comunidad autónoma y en 18.911 la cantidad pendiente con el consistorio, lo que hace un total de 2.338.328.

Eso ocurre cuando la sociedad lleva más de seis años en proceso de liquidación, ya que la jueza lo ordenó en noviembre de 2012. En ese periodo, la Agencia Tributaria ha recuperado 2,12 millones de euros, la mayoría de ellos desembolsados directamente por la compañía deportiva, mientras el ayuntamiento y la comunidad autónoma únicamente han cobrado 7.137 y 128.655 euros, respectivamente.

Una deuda millonaria por la operación de las oficinas

Los otros dos grandes acreedores de la filial son el propio Real Zaragoza, al que tiene pendiente de devolverle 1.674.138 euros, y Zaragoza Sport Arena XXI, la empresa con la que primero Alfonso Soláns y después Agapito Iglesias ejercían el control de la mayoría de las acciones de la entidad, que figura como acreedor por 271.759.

El mismo informe que revela esos datos ofrece unas perspectivas más bien poco halagüeñas sobre la viabilidad económica de la matriz deportiva de Zaragoza Real Estate; es decir, el Real Zaragoza, del que los propios administradores llevan tiempo advirtiendo de que el volumen de negocio que genera en segunda división resulta insuficiente para hacer frente a los compromisos de pago derivados del convenio de acreedores.

El Real Zaragoza mantiene desde 2012 una deuda de 1,9 millones de euros con su filial como consecuencia de la anulación, por orden judicial, de una operación a tres bandas con la que el edificio de las oficinas acabó en manos de Cerro Murillo, una de las inmobiliarias de Ibercaja.

A primeros de 2015 esa deuda quedaba reducida a 568.717 euros tras descontar Zaragoza Real Estate de ella los 1,3 millones que el Real Zaragoza había pagado en su nombre a Hacienda.

Una “complicada situación económica”

Sin embargo, el siguiente pago no llegaría hasta finales de 2015. Fue después de que la jueza admitiera que “debido a la complicada situación económica” de la empresa deportiva y a su permanencia en segunda división no podría hacer frente a pagos de más de 5.000 euros mensuales, cifra que se duplicaría “durante las temporadas que esté en primera división”.

Las cosas siguen igual. Con contadas excepciones, cinco en mas de tres años, los ingresos no han superado los 5.000 euros, lo que situaba el débito en 378.717 euros a primeros de febrero.

Tardará en saldar la deuda algo más de seis años, a lo que habrá que sumarle otro, largo, para cubrir los 74.882 euros en los que matriz y filial acordaron cifrar los intereses por la cantidad pendiente de pago.

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