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Sí: matar de 42 puñaladas a tu esposa por despecho es violencia machista

El Supremo avala al jurado popular y a la Audiencia de Zaragoza y corrige al Tribunal Superior de Justicia de Aragón al aplicar la agravante de discriminación por razones de género al autor del crimen del Arrabal

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El Tribunal Supremo ha corregido la interpretación que el TSJA hizo del relato de hechos del crimen.

El Tribunal Supremo ha corregido al Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y ha dictaminado que la muerte de Coral González a manos de su esposo, Salvador Gázquez Rico el 16 de diciembre de 2015 en su piso de la avenida Cataluña fue un crimen machista.

Así lo había dictaminado el jurado popular que enjuició el caso en noviembre de 2017, que dictaminó que la mujer fue “apuñalada hasta 42 veces en diversas partes del cuerpo, localizadas en macizo cráneo-facial, cuello y abdomen; heridas incisas y penetrantes que causaron su muerte”, por su marido, que “estaba enojado con su esposa” porque iba a separarse y pretendía reclamar la parte del patrimonio familiar que le correspondía.

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“Las heridas producidas a la víctima superan, con mucho, las necesarias para causar la muerte, lo que incrementó de manera innecesaria el sufrimiento y el dolor de la víctima, hecho deliberadamente buscado de propósito por el acusado”, señalaba la sentencia, que también recogía que “las acciones llevadas a cabo por el encausado están dentro de una relación de dominación” y que estas “tienen su origen inmediato en la decisión de la víctima de solicitar el divorcio”.

“Hacía prevalecer sus decisiones en todo”

“Durante el matrimonio el encausado había impuesto sus condiciones, en el estilo de vida de la pareja, haciendo prevalecer sus decisiones en todos los temas importantes, alejándola y aislándola paulatinamente de su familia y su entorno”, añadía.

La Audiencia de Zaragoza, en una sentencia dictada por el magistrado y exalcalde Juan Alberto Belloch, que presidía su primer juicio con jurado popular 22 años después de haber recuperado esa figura en 1995 durante su etapa como ministro, le impuso una pena de 22 años seis meses y un día de cárcel más la prohibición de acercarse al domicilio de lospadres y hermanos de la víctima durante otros diez.

Sin embargo, el TSJA anuló la agravante de violencia de género y rebajó la pena en seis meses y un día. El Gobierno de Aragón y la familia de la víctima, representada por la abogada Altamira Gonzalo, que sostenían que “las acciones llevadas a cabo por el encausado están dentro de una relación de dominación”, recurrieron esa decisión ante el Supremo, que finalmente les ha dado la razón.

«Toda violencia contra una mujer porque es una mujer”

El Supremo, que vuelve a elevar aunque solo en tres meses la condena, dictamina que la conducta del acusado, antes ya del crimen, incluían, “justamente, las situaciones a cuyo desvalor retribuye la agravación” de discriminación por razones de género, distinta, en cualquier caso, de la de desprecio de género.

El tribunal señala que la agravante sería de aplicación con atender “únicamente al admitido origen inmediato del ataque mortal, la decisión de la víctima (sic) de impedir la separación, con los efectos personales y patrimoniales que pensó iban a producirse”, ya que lo que castiga es “esa motivación de subordinación a la propia voluntad que permite una desequilibrada relación de fuerzas, con negación de la libre autodeterminación de la víctima para separarse o divorciarse e incluso de su mera autonomía económica”.

La sentencia del Supremo recuerda que el Convenio de Estambul, del que se deriva esa nueva tipificación de los crímenes machistas, obliga a los estados firmantes, entre ellos España, a “adoptar las medidas necesarias para promover los cambios en los modos de comportamiento socioculturales de las mujeres y los hombres con vistas a erradicar los prejuicios, costumbres, tradiciones y cualquier otra práctica basada en la idea de la inferioridad de la mujer o en un papel estereotipado de las mujeres y los hombres”.

En este sentido, el acuerdo internacional define la “violencia contra la mujer por razones de género” como «toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada», lo cual “hace referencia a todo daño sufrido por una mujer que a su vez, es causa y consecuencia de relaciones de fuerza desiguales, fundadas en las diferencias percibidas entre hombres y mujeres y que conducen a la subordinación de las mujeres”.

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