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¿Recuperación? Los desahucios alcanzan la mayor intensidad desde el inicio de la crisis

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Los desahucios ejecutados por los juzgados aragoneses llevan dos años por encima de la barrera del millar.

Los desahucios por impago del alquiler han alcanzado en Aragón su fase de mayor intensidad desde el inicio de la crisis, según revelan los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que indican que los desalojos han alcanzado un ritmo superior a los veinte por semana.

De hecho, los 273 registrados en el primer trimestre de este año mantienen el mismo ritmo que marcaron los 1.090 con los que los juzgados aragoneses cerraron el ejercicio de 2018, en el que, con 1.090, se alcanzó la mayor cota registrada desde 2013, que era el primer año en el que los lanzamientos registrados en la comunidad superaban la barrera del millar.

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El volumen de desalojos ejecutados por los tribunales de la comunidad experimentaron un descenso en 2014, el primer año de los denominados ‘brotes verdes’ que en realidad han consistido en una recuperación de las variables macroeconómicas que apenas se ha trasladado a los bolsillos de las familias.

En ese ejercicio cayeron de 1.020 a 921, con un retroceso de casi el 10%. Sin embargo, a partir de entonces iniciaron un repunte constante. Así, tras dos años de ligero crecimiento con 924 y 957 en 2015 y 2016, este registro superó de nuevo el millar al año siguiente para situarse en 1.070 y consolidar la tendencia en el pasado ejercicio, en el que alcanzó los 1.090.

Más nubarrones

Son cifras, estadísticas, que indican que cada semana tres familias que viven de alquiler se quedan sin techo en Aragón por no poder cubrir las rentas. Y nada apunta a que esa tendencia vaya a cambiar en los próximos meses. Especialmente si se atiende a la evolución de dos datos.

Por una parte, cae el volumen de lanzamientos cuya ejecución solicitan los juzgados al Servicio Común de Notificaciones y Embargos de su partido judicial, que en dos años ha pasado de 1.762 a 1.544, con un descenso de 138 en el último ejercicio.

Sin embargo, como consecuencia del estrangulamiento del crédito a lo largo del último decenio y del endurecimiento de las condiciones para conceder créditos tras el ‘crash’ inmobiliario y el rescate bancario, las demandas de ejecución hipotecaria han caído a niveles inferiores a los de las vísperas de la crisis, con una anotación de 525 en el 2018 que supone mucho menos de la mitad de las 1.218 de 2016, apenas la cuarta parte de las 2.049 de 2012 o poco más de la quinta de las 2.478 de 2009.

Si suben las peticiones de lanzamiento y caen las demandas de ejecución hipotecaria, cuyos desalojos también se han desplomado por debajo del medio millar (436 en 2018) tras un descenso de un tercio en el último año, parece obvio que están subiendo las expulsiones por impago de alquileres.

Inquietantes indicios de insolvencia

La última estadística del CGPJ sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales incluye otros datos inquietantes como un repunte de los concursos de acreedores, que se están cebando en las microempresas y las pymes; un aumento de las reclamaciones de cantidad en la jurisdicción social, normalmente relacionadas con el impago de salarios, y un incremento de los monitorios, en los que personas y empresas se reclaman el pago de facturas no cubiertas.

Parecen los primeros síntomas de una nueva ola de insolvencia, similares, aunque de menor intensidad por ahora, que los de la transición entre la anterior y la actual década.

En cualquier caso, vendrían a confirmar cómo las primeras consecuencias negativas del enfriamiento de la economía comienzan a sufrirse en los escalones inferiores del tejido empresarial y van teniendo reflejo en esa parte fundamental de las relaciones laborales que es la remuneración del empleo.

 

 

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