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¿Por qué no acaba de arrancar la Sanidad pública?

La comunidad recupera los niveles de gasto e inversión de finales de la década pasada en materia sanitaria, aunque las aportaciones anuales siguen sin alcanzar las marcas anteriores a la crisis y la congestión de las listas de espera sigue provocando una fuga de pacientes a las clínicas privadas, que suelen compartir especialistas con los hospitales de la red autonómica

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Los sindicatos denuncian una “importante pérdida de personal” desde el inicio de la crisis en la sanidad pública

Los efectos de los recortes siguen ahí. El gasto y la inversión del Gobierno de Aragón en sanidad sigue casi 200 millones por debajo de los niveles que esos indicadores registraban antes de la crisis, y el año que viene no mejorarán ya que el tope de los Presupuestos de este año no subirá al no aprobarse unas nuevas cuentas.

Un informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales revela cómo los presupuestos de Sanidad para este año (la ejecución suele ser menor) se limitan a 1.990,1 millones de euros, más de 170 por debajo de los 2.162 y los 2.164 que sí fueron ejecutados en los ejercicios de 2009 y de 2015, en los que la comunidad alcanzó sus mayores cotas de recursos en este capítulo.

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El gasto y la inversión en Sanidad no aumentarán el año que viene. Todo indica que no las Cortes no aprobarán este año unos nuevos Presupuestos para el próximo, lo que sitúa en las mismas cantidades que este los topes de recursos disponibles.

La partida de sanidad sigue siendo, con todo, la mayor de las destinadas por la comunidad a los pilares del Estado de bienestar: prácticamente duplica los 1.106 que se lleva este año la enseñanza y está cerca de quintuplicar los 401 de los servicios sociales, cuyos niveles de gasto e inversión se sitúan dos veces y media por debajo de los que generan la amortización y el pago de intereses de la deuda pública, que este año marcará un récord histórico de 1.025 que lastra las cuentas del Gobierno de Aragón tras el endeudamiento generado por los preparativos de la Expo y los primeros años de la crisis, en los que pasó de 1.163 a 6.930 millones de euros (3.500 de ellos en el periodo 2011-2015) antes de añadir otros 1.332 en la actual legislatura para llegar a 8.262.

El gasto en sanidad acusó un notable desplome en el tramo final de la legislatura 2007-2011, la última del ejecutivo PSOE-Par de Marcelino Iglesias y José Ángel Biel, en la que, tras alcanzar una marca de 2.162 en 2009 cayó a 1.894 al año siguiente. Repuntó a 2.061 en 2011, año del relevo por el ejecutivo PP-Par de Luisa Fernanda Rudi, aunque se desplomó en 400 millones en dos ejercicios. Y subió a 2.164 en el último año electoral, el 2015, para perder 276 en dos ejercicios.

No obstante, las medias anuales de recursos destinados a la sanidad fueron de 1.934 millones de euros con el PSOE-Par, de 1.317 con el PP-Par y de 2.018 con el PSOE-Cha. Con esa referencia, y sin tener en cuenta los altibajos anuales, los recortes presupuestarios estarían superados, algo que también ocurriría con el gasto por habitante, ya que el primero ha aumentado un 9,6% mientras la población, decreciente desde mediados de 2011, lo hacía en un 1,4%.

Esa política presupuestaria, que sigue incluyendo el desvío de pacientes a clínicas privadas en momentos de máxima congestión, ha permitido reducir en general las listas de espera (consúltelas aquí) tanto en el tiempo medio de espera como en el número de enfermos que llevan más de seis meses sin ser operados.

Con todo, algunos descensos han sido escasos, de 127 a 110 días en traumatología y de 98 a 80 en cirugía general entre octubre de 2012 y el mismo mes de 2018, y han llegado a darse aumentos, como el paso de 116 a 238 en neurocirugía.

Pese a esa mejora, un aragonés sigue teniendo que esperar una media de más de dos meses para operarse de cataratas (74 días) o de una  hernia inguinal (81), y más de cien días para una intervención de varices (102), someterse a una artroscopia (122) o que le coloquen una prótesis de rodilla (104), plazos que siguen provocando un éxodo de pacientes de la sanidad pública a la privada, cuyas plantillas suelen compartir especialistas.

“Ha habido una pérdida importante de personal”

El exconsejero de Sanidad Sebastián Celaya sostuvo poco antes de dejar el cargo en una respuesta parlamentaria a la diputada del PP Carmen Susín que el gasto en su departamento en 2017, que cifra en 1.902 millones de euros, fue ya “ligeramente superior” al de 2011 pese a tratarse de ““una de las comunidades autónomas que más disminuyó” las aportaciones la pasada legislatura: un 13,6% en gasto y un 11,4% en inversión en un periodo en el que la plantilla cayó de 16.696 a 16.295 empleados, algo que afectó “directamente” a “la calidad y la accesibilidad de los servicios”.

La responsable de Sanidad de CCOO Aragón, Delia Lizana, cuestiona esos datos y sostiene que “ha habido una pérdida importante de personal”, a la que se suma la jubilación de 166 médicos cuyas plazas no fueron repuestas y cuyas indemnizaciones, tras haber ganado en los tribunales el derecho a prolongar su vida laboral, van a costarle a la comunidad en torno a 30 millones de euros.

“Las plantillas se han ido ajustando mucho, aunque la partida de Personal apenas ha variado”, explica, principalmente por la aplicación de las “peonadas”, en las que los sanitarios hacen hasta 150 horas anuales por las tardes para evitar tener que derivar pacientes a clínicas privadas. “No hay creación de empleo”, anota, ya que medidas como las próximas oposiciones tienen como finalidad estabilizar el empleo ya existente en la sanidad pública, dentro del compromiso de rebajar la temporalidad del 33% actual al 8%.

Esa situación laboral, añade, “claro que afecta” a las listas de espera, aunque algunas unidades sanitarias han puesto en marcha acciones para reducirlas, como las resonancias en fines de semana en el Hospital Provincial de Zaragoza.

A esos problemas de personal en general se les suman los que sufren los centros sanitarios del ámbito rural, al que son reticentes a desplazarse buena parte de los especialistas. Así, por ejemplo, los 14 pediatras que se formaron en hospitales públicos aragoneses el año pasado a través del MIR rechazaron incorporarse a la plantilla y optaron por trabajar en centros privados mientras se trata de una de las especialidades más necesitadas de personal en el territorio de la comunidad.

 

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