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Los requisitos ambientales dejan en el aire la planta de biomasa de Monzón

El retraso de la promotora en instalar los medidores de benzopireno impide que pueda cumplir los plazos para que no caduque la declaración de impacto del Gobierno de Aragón

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Simulación de la planta de biomasa de Monzón elaborada por Ecologistas en Acción.

La construcción y puesta en funcionamiento de la planta de biomasa con capacidad para quemar 51 toneladas de madera por hora que la empresa Solmasol, del grupo aragonés Forestalia, promueve en Monzón, en un proyecto que encontró una fuerte contestación social con más de 8.000 firmas en contra, ha quedado en el aire ante la dificultad para cumplir los requisitos ambientales que marcó el Gobierno de Aragón y por la estrategia de la propia promotora.

Solmasol, vinculada al grupo ganadero Samper, uno de los principales adjudicatarios de energías renovables, principalmente en eólica, en las últimas subastas del Ministerio de Industria, ha decidido condicionar y supeditar la construcción al resultado de futuras pujas en las que pudiera recibir nuevas adjudicaciones para producir electricidad a partir de biomasa y a que, en ese caso, “decidiera priorizar ese proyecto”, explicaron fuentes de la empresa.

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La planta tendrá, sobre el papel, una potencia instalada de 170 megawatios para alcanzar una producción máxima de casi 400.000 por hora, para lo que necesitaría quemar 408.000 toneladas de madera y 24.000 metros cúbicos de gas licuado al cabo del año, algo que, según la declaración de impacto ambiental, publicada en agosto de 2015 por el Inaga, provocaría una emisión “severa” de partículas, así como de monóxido de carbono, dióxido de azufre y óxido de nitrógeno (más de una tonelada diaria, en este último caso).

Esas emisiones, no obstante, debían verse atenuadas por una serie de medidas correctoras en la imponente chimenea de sesenta metros de altura que incluye el proyecto hasta quedar por debajo de los límites que establece la legislación para garantizar la calidad del aire.

El control de las emisiones

Esa previsión de emisiones y el hecho de que los terrenos sobre los que va a ubicarse se encuentren a tan solo 600 metros del casco urbano de Monzón, localidad históricamente azotada por la contaminación de origen industrial, provocaron la alarma en la población, la movilización de organizaciones ambientalistas como Ecologistas en Acción, la puesta en marcha de una activa plataforma ciudadana y la intervención de formaciones políticas como IU y Podemos, que han llevado el asunto a las Cortes en varias ocasiones en los últimos años.

Precisamente en las exigencias de la declaración de impacto es donde se encuentra en principal problema de Solmasol para sacar adelante el proyecto.

Esa resolución daba a la empresa un plazo de cinco años, que vencen en agosto de 2020, para iniciar la actividad, ya que de lo contrario los permisos caducarían. Y su posterior revisión, publicada en febrero de 2017, establecía que “los monitores de medición de benzo(a)pireno deberán entrar en funcionamiento con al menos dos años de antelación al inicio del periodo de pruebas de la central térmica”, mientras que los medidores de partículas de hasta 2,25 y 10 micrómetros “deberán estar operativos y en funcionamiento, simultáneamente, al inicio del periodo de pruebas”.

Los plazos para comenzar a operar

Sin embargo, fuentes de la promotora confirmaron que los primeros no han sido instalados todavía. “La red de mediciones se instalará, en su caso, cuando el proyecto de retomara, siempre a expensas de futuras subastas y de las prioridades empresariales”, señalaron.

Su ausencia, cuando ya han pasado casi tres años y medio de la publicación de la declaración de impacto, deja en el aire la viabilidad de la planta, cuyo periodo de pruebas no podría comenzar, por no cumplir este requisito, antes de enero de 2021, con lo que el inicio de la actividad se retrasaría mucho más allá de los plazos de caducidad que contempla la autorización, que vencen en agosto de 2020.

El benzopireno es un hidrocarburo policíclico aromático que se genera con la combustión de la madera y que tiene efectos cancerígenos.

Por otra parte, y según consta en la respuesta del consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, a una pregunta parlamentaria de la diputada de IU Patricia Luquin, “no consta en el Departamento que se haya presentado solicitud alguna” por parte de Solmasol para construir los accesos a la planta desde la carretera A-1236 ni tampoco que haya todavía presentado “la planificación detallada de las rutas de transporte de la biomasa de las parcelas de cultivo energético a la planta de generación eléctrica, para evitar el paso por el casco urbano de Monzón de los vehículos pesados”.

El cultivo de los árboles necesarios para abastecer a la planta requeriría más de 7.000 hectáreas de campos.

 

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