Inicio Portada Los jueces apagan el ventilador: toda la criminalización de ZeC era ‘fake’

Los jueces apagan el ventilador: toda la criminalización de ZeC era ‘fake’

El sobreseimiento del caso de las carpas se suma a una retahíla de exoneraciones en la vía penal en la que destacan asuntos como los viajes de trabajo de los ayuntamientos del cambio, los inexistentes “cinco delitos” del exalcalde en Ecociudad, la disparatada querella contra todo el equipo de gobierno municipal por el cese de un cargo de confianza o la eventual responsabilidad de un concejal en las inspecciones de la fiesta de la cerveza

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Todos los concejales de ZeC han sido exonerados de todas las acusaciones penales vinculadas con su gestión en la pasada legislatura.

El acoso judicial a Zaragoza en Común (ZeC) fue ‘fake’: tan ruidoso como carente de relevancia penal, aunque, eso sí, suficiente para generar en determinados ambientes una imagen tan distorsionada como políticamente rentable de la gestión que la confluencia desarrolló en el Ayuntamiento de Zaragoza entre mediados de junio de 2015 y de 2019.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza acaba de decretar el sobreseimiento de las diligencias en las que investigaba si la entonces teniente de alcalde Elena Giner y un funcionario municipal habían podido cometer un delito de prevaricación en la adjudicación de carpas portátiles para las fiestas de los barrios rurales.

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La causa, iniciada tras una denuncia presentada en Fiscalía por el grupo municipal del PP, que ahora gobierna el consistorio bajo un formato de ‘trifachito’ (coalición con C’s con la mayoría en manos de Vox) y que durante meses reclamó la dimisión de la concejala en una particular interpretación del derecho a la presunción de inocencia, ha terminado en agua de borrajas, como todas y cada una de las investigaciones abiertas en la jurisdicción penal contra los concejales de la confluencia, varias de ellas impulsadas desde los grupos que ahora controlan el consistorio y desde sus entornos.

Una retahíla de fiascos judiciales

El acoso judicial a ZeC comenzó prácticamente con el inicio de la legislatura, cuando un ciudadano denunció por prevaricación y malversación a todo el equipo de gobierno. Consideraba que estaban haciendo un mal uso del dinero público al asistir a las reuniones de los ayuntamientos del cambio, algo que en realidad “se ajusta perfectamente a la legalidad»; tanto como para que cualquier consistorio disponga de una partida de representación precisamente destinada a financiar gastos de ese tipo.

Eran los tiempos de la mal llamada “gomina”, cuando la compra de un bote de champú-fijador de 15,90 euros para el aseo de alcalde Pedro Santisteve generaba en la plaza del Pilar unas tormentas políticas tan aparatosas como desmesuradas.

Santisteve fue durante toda la legislatura el objetivo a abatir, aunque sin éxito. La cantinela de “los cinco delitos”, en la que un dictamen llegaba a atribuirle episodios de ‘mobbing’ sobre alguien con quien ni siquiera mantenía contacto visual con una mínima frecuencia, se reveló como un fiasco jurídico de dimensiones desconocidas ante la lupa de la Fiscalía, mientras la querella del exgerente de la empresa pública Ecociudad, “un procedimiento judicial que obligará a todos los miembros del gobierno de ZeC a comparecer en los tribunales en calidad de investigados” según un medio local, acaba archivada sin más consecuencias y sin una sola citación.

También acabó exonerado Alberto Cubero en el asunto de la carpa de la fiesta de la cerveza, en el que llegó estar imputado por su responsabilidad en las deficiencias de la supervisión municipal del recinto pilarista, donde el desprendimiento de una viga deficientemente sujeta causó lesiones graves a uno de los usuarios.

Responder en el juzgado por actos de otros

En el caso de las carpas, el informe de la Fiscalía en el que la magistrada ha basado su resolución, y que llega después de un año y medio de pesquisas, deja escaso espacio para las dudas: ni Giner ni el funcionario pudieron prevaricar en la tramitación de 80 contratos de carpas valorados en alrededor de 150.000 euros para doce barrios rurales en 2016 y 2017; principalmente, porque no fueron ellos quienes las contrataron.

Los conservadores sostenían en su denuncia que se trataba de un caso de fraccionamiento de contratos para situarlos por debajo de los 3.000 euros (3.630 con IVA) que obligan a tramitar un procedimiento de concurso. Todo, supuestamente, para favorecer a la empresa que instala las jaimas, Aragonesa de Carpas.

“La tramitación por porciones en las facturas indicadas evidenciaba que se refieren a un mismo trabajo, con conceptos repetidos que deberían imputarse a una o varias actuaciones, pero nunca a más de 60 entre los años 2016 a 2018”, señalaba la denuncia, que atribuía “una irregular metodología, con marginación de todas las garantías que la ley exige para un mayor control del gasto público” al área de Participación Ciudadana que dirigía Giner.

La Fiscalía recuerda que eran los alcaldes de barrio quienes ordenaban el gasto y que Participación solo pagaba y que, si bien en algunos casos se trata de gastos fraccionados en los que el montaje y el equipamiento de la carpa se facturaban por separado, “no es un tema claro” que eso pueda ser ilegal.

“Son los alcaldes de Barrio quienes deciden la adquisición de las carpas y el gasto que ella comporta con arreglo a la partida presupuestaria específica que tienen asignada los barrios”, anota el ministerio público, para quien “no consta [que Giner] hubiere intervenido directa o indirectamente en ninguna de las contrataciones, tampoco que hubiere dado instrucción tendente a impulsar la contratación de dichas carapas como contratación administrativa de carácter menor”.

Y, en cuanto al funcionario, indica que “la función que tiene asignada es la comprobación de la correcta instalación de las carpas y colaborar en la tramitación de los permisos necesarios para su puesta en funcionamiento”.

“Existen otros mecanismos fuera del derecho penal”

¿Cómo acabó un asunto así en el juzgado? Por una cuestión más de garantía de derechos que de apariencia de criminalidad: la Fiscalía remite directamente a los juzgados buena parte de las denuncias en las que, tras un estudio preliminar, aprecia la existencia de indicios de delito para que las pesquisas se desarrollen bajo la supervisión de un magistrado.

En este caso, y tras señalar que tras las investigaciones “no resulta debidamente acreditada” la existencia de un delito, la Fiscalía apunta que “existen otros mecanismos fuera del derecho penal más adecuados para el control de la legalidad de los actos administrativos”.

“El control de la legalidad de los actos administrativos corresponde a la Jurisdicción contencioso administrativa, y no consta que en el presente caso que se hubiere acudido a dicha jurisdicción para que pudiera efectuarse una correcta valoración de si la contratación efectuada infringe o no la normativa establecida”, recuerda el ministerio público.

Se trataba de la ventanilla equivocada, viene a decir la Fiscalía, la cual, obviamente, no entra en valorar las patentes diferencias de rentabilidad político-mediática que son susceptibles de generar un recurso contencioso-administrativo y una denuncia penal por prevaricación.

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