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La sanidad pública aragonesa bajo la ola privatizadora

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En mayo de 2019, tras las elecciones autonómicas, Javier Lambán fue reelegido como presidente del Gobierno de Aragón, lo que se ha traducido, entre otras muchas cosas, en la continuación de un proyecto de privatización del sistema sanitario público bajo el escudo de la reducción de las listas de espera.

El pasado 20 de noviembre se anunció que el Gobierno de Aragón había llegado a un acuerdo de 4,3 millones de euros anuales con el Hospital Privado MAZ (Mutua de Accidentes de Zaragoza) —el cual se recoge en el proyecto de presupuestos del año 2020 debatido durante este mes de diciembre en las Cortes de Aragón— para el desvío de pacientes y pruebas diagnósticas del masificado Hospital Royo Villanova, que asume a una población de 200 000 personas.

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Sin embargo, resulta contradictorio que la planta 4ª de este hospital esté designada para casos de enfermedades infecciosas como el Ébola desde el año 2014, especialmente si tenemos en cuenta que para estas patologías solo se destinan 5 habitaciones de las 22 totales, lo que implica que la planta se encuentre vacía de manera permanente salvo excepciones muy puntuales de saturación máxima del servicio de urgencias. Es decir, el PSOE va a destinar 4,3 millones de euros para desatascar un hospital público en el cual tiene cerradas un 10 % del número total de sus camas.

Cabe destacar que, para estas mismas fechas del año pasado, el Departamento de Sanidad confirmó que iba a destinar más de 60 millones al hospital de la orden eclesiástica de San Juan de Dios, por lo que este sería el primer hospital concertado en sumarse a la red pública de la sanidad aragonesa, pero con un pliego de condiciones a medida de las principales empresas sanitarias privadas.

En el punto opuesto de esta ola «contra las listas de espera» se encuentran obras tan demandadas como el Centro de Salud de la Jota, el hospital de Teruel o el hospital de Alcañiz, que fue ya prometido por el expresidente socialista Marcelino Iglesias hace justamente 13 años, pero cuyas obras siguen paralizadas. A todo lo anterior hay que añadir la disminución del presupuesto para la atención primaria durante la era Lambán.

Detrás de toda privatización hay trabajadoras afectadas, en este caso son las del hospital San Juan de Dios, la MAZ y el resto de centros con convenios anteriores como son la Clínica del Pilar, Hospital Viamed Montecanal o el Grupo Quirón, donde se atienden a pacientes desviados de la sanidad pública, pero cuyas condiciones laborales son mucho peores que las de los hospitales públicos, como se puede comprobar en las diferencias salariales de más de 700 euros mensuales en casos como el del personal de enfermería.

Es necesario señalar también que la estrategia que se sigue para impedir que las pacientes se opongan a esta ola privatizadora es no darles ninguna alternativa. Por poner un ejemplo, si a alguien se le da cita para una operación quirúrgica en un hospital privado y se niega alegando que quiere ser atendida en uno público, vuelve a pasar al último puesto de la lista. Algo similar sucede con las competiciones deportivas amateur en Aragón, cuyas jugadoras, tras la aplicación de la reciente Ley del Deporte aragonesa por el Gobierno de Lambán, deben concertar un seguro privado o, por el contrario, se ven obligadas a abandonar la práctica deportiva. Es decir, se está realizando una privatización encubierta utilizando todo tipo de estratagemas para impedir la defensa de la sanidad pública y, como siempre, las consecuencias serán nefastas para la población trabajadora.

No podemos olvidar que en el periodo navideño se produce el tradicional cierre de camas hospitalarias, que justamente bate un récord este año al llegar al total de 282 camas. Durante al menos 13 días, 108 camas del hospital Miguel Servet se encontrarán cerradas bajo la excusa de la bajada de pacientes y la realización de algunos arreglos, pero la realidad es que la consecuencia de estas medidas es la saturación de urgencias, lo que sirve como paraguas para continuar con la privatización ya comentada.

El Hospital Clínico consigue el segundo lugar en el podio de cierres con 101 camas, algunas en servicios tan importantes y fundamentales como el hospital de semana, cardiología o urología. En el tercer puesto se queda el Hospital Nuestra Señora de Gracia con el cierre de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos. En las provincias de Teruel y Huesca los cierres son mucho menores, pero igual de importantes en la muy mermada sanidad rural y pirenaica.

Tras esta privatización encubierta se esconden los mismos intereses empresariales y las líneas neoliberales que se han impuesto en las últimas décadas y que la socialdemocracia está encantada de acatar. Frente a estos ataques a nuestra sanidad y el empeoramiento de las condiciones laborales del personal sanitario seguiremos reivindicando, junto a sus pacientes y sus profesionales, una sanidad 100% gratuita, pública y de calidad.

 

*Chabier Andrés, Juventud Comunista en Aragón

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