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La negligencia de la cúpula militar y del ministerio de Defensa continúa matando

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El sábado 18 de septiembre se precipitaba entre las embarcaciones atracadas en el Club Náutico de Santiago de la Ribera, en el Mar Menor (Murcia), una obsoleta avioneta Enaer T-35 Pillán o Tamiz —sin sistema de eyección— provocando el fallecimiento del comandante instructor, Daniel Melero, de 50 años, y el de una alumna de solo veinte años, Rosa María Almirón. Un siniestro, una tragedia, pero difícilmente un accidente.

Porque las últimas semanas han vuelto a demostrar que las Fuerzas Armadas españolas están edificadas sobre un inestable terreno —franquista— que evita la solidez —democrática— con la que sí cuentan en la mayoría de ejércitos europeos, lo que se debe en gran medida a que el mencionado defecto arquitectónico es sistemáticamente ocultado por convenientes campañas publicitarias y periodísticas que, aunque en lo esencial son lo mismo, las primeras se recompensan con peculio y las segundas con prebendas y favores. Solo así se entiende el silencio generalizado, reduciendo la información a telegramas, y la ausencia de debates serios y rigurosos sobre la lenta pero imparable quiebra que afecta a las Fuerzas Armadas españolas.

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Recapitulemos. El tétrico último mes daba comienzo con la llegada del BAM Audaz a las costas de Lampedusa el pasado 23 de agosto, puerto en el que no pudo atracar por una cuestión de calado. Es decir, de tamaño. Tras este episodio, el 26 de agosto se produjo el siniestro mortal de un reactor C-101 en La Manga del Mar Menor en el que falleció el comandante instructor Francisco Marín Núñez cuando el aparato se precipitó en una caída en picado, aunque a diferencia de la última desgracia en la que sí se sabe que se trató de un fallo del motor, —se paró— todavía no se pueden concluir las causas. En las labores de rescate, el 27 de agosto quedó varado —»encallado»— el cazaminas Turia, de 70 millones de euros, cuyos daños le harán terminar muy probablemente en el desguace. Y cuando todavía no nos habíamos recuperado de tal serie de catastróficos siniestros y ridículos, el pasado 18 de septiembre se produjo esta última desgracia. Balance total: tres militares muertos, dos aeronaves perdidas —un reactor C-101 y una avioneta T-35 Pillán o Tamiz— y un buque de 70 millones de euros cerca del desguace.

No es un mes aciago

Lo acontecido no se trata de un mes aciago, de un cúmulo de desgracias, se trata de un problema estructural, lo que queda demostrado con más profundidad en El libro negro del Ejército español (Luis Gonzalo Segura, Akal, 2017). Para hacernos una idea, en los últimos doce años, desde que comenzó la crisis en el año 2007, se han producido 13 siniestros mortales en aeronaves militares con 33 muertos mientras que en los doce años anteriores se produjeron menos de la mitad de siniestros —6— con 21 muertos. Las estadísticas parecen demasiado evidentes: más del doble de siniestros.

En los últimos siniestros se puede comprobar que los mismos se agrupan en años: 2 en 2012, 2 en 2014, 2 en 2015, 2 en 2017 y 2 en 2019. Las dos últimas series, las de 2017 y 2019 separadas por una y tres semanas, respectivamente. Parece demasiada casualidad, pero en cualquier caso indica que, extrañamente, una vez producido un drama aéreo, en las siguientes semanas y meses las posibilidades de acontecer un nuevo siniestro aumentan considerablemente.

De las últimas tragedias conviene realizar unas cuantas apreciaciones para enmarcar los dos últimos casos. En primer lugar, debemos destacar los dos siniestros acaecidos en dos helicópteros del Servicio Aéreo de Rescate en los que fallecieron siete militares (2014 y 2015), ambos producidos en aeronaves con gran antigüedad en las que, además, Sebastián Ruiz —padre de uno de los pilotos fallecidos— denunció negligencias en el mantenimiento y canibalización de piezas —reutilización de piezas de una aeronave no operativa en otra en lugar de compra de repuestos nuevos—. Sus denuncias se perdieron en la oceanidad publicitaria de las Fuerzas Armadas en los grandes medios de comunicación. No fueron las únicas.

La situación en los helicópteros del Servicio Aéreo de Rescate era entonces tan catastrófica que un piloto, el teniente Joan Company Cross, se quejó públicamente afirmando que estaban «hechos un Cristo» y que eran peligrosos para los militares: «Estoy dispuesto a que esto me cueste la carrera militar, no puedo callarme. Yo mismo podría morir en uno dentro de seis meses».

A pesar de las denuncias y de los siete cadáveres, la respuesta encadenada del poder no pudo ser más tenebrosa. El poder político respaldó al máximo responsable de las negligencias mortales, Javier Salto, al que María Dolores convirtió en JEMA, Jefe de Estado Mayor del Aire, y Margarita Robles ratificó al llegar al ministerio; el poder militar castigó al teniente Company por sus denuncias públicas con una sanción; y el poder jurídico castrense ratificó la sanción al teniente Company —cercenando cualquier posibilidad de producirse en el futuro denuncias públicas sobre el estado de las aeronaves, vehículos u otros materiales militares— y cubrió con un manto de prevaricación los siniestros.

Sin embargo, si seguimos repasando los casos, la obsolescencia y el deficiente mantenimiento aparece como factor clave en la mayoría de ellos. Es el caso del F-5 siniestrado en Talavera la Real en 2012, en el cual a día de hoy hay varios mandos militares imputados —aunque ya anticipo que ello se debe a una juez rebelde, Patricia Moncada, y el caso será cerrado en falso en cuanto la ocasión lo permita—. También aparecen sombras en el siniestro del F-18 en octubre de 2017 —un mecánico denunció presiones al piloto— y en estas dos últimas catástrofes, en el C-101 y el T-35 Pilán o Tamiz. Destacar que en el año 2012 fallecieron otros dos militares en un accidente en un C-101.

Una pista sobre los problemas de mantenimiento lo ofrece el moderno caza Eurofighter, pues España es el país que más pilotos —3— y aparatos ha perdido —4—. Peor aún, hasta 2017 España era el único país que había perdido aparatos y pilotos (entonces 2 pilotos y 3 aparatos).

Anatomía de una grave cadena de negligencias mortales

Si el historial sitúa estadísticamente en la improbabilidad que los dos últimos siniestros sean producto de un accidente, el análisis de las últimas decisiones tomadas en los últimos años al respecto del C-101 y el T-35 lo aclara todavía más.

Para empezar, el Consejo de Ministros del pasado 12 de abril asignó 225 millones de euros para retirar los aviones C-101, con casi 40 años de antigüedad, y los T-35 Tamiz y Pillán. Los reactores se retirarían en un máximo de dos años, para 2021, y las avionetas deberían ser retiradas del servicio como mucho en 2028. ¿Demasiado tarde? Lo parece.

Este concurso de adquisición fue criticado hace solo dos meses —julio de 2019— por distintos expertos, los cuales recomendaban el alquiler urgente de aeronaves para sustituir de forma inmediata los aparatos obsoletos de entrenamiento, especialmente los C-101, para que el concurso de adquisición no fuera precipitado y se volviera a caer en errores del pasado. Evidentemente, la decisión de Margarita Robles ha sido determinante en la muerte de los tres pilotos, especialmente en el caso del comandante Marín, pues ha tenido más de un año para detener los vuelos de estas aeronaves y alquilar las correspondientes. Pero no es ni mucho menos la única.

Habría que reseñar que la sustitución, tanto del C-101 como del T-35 o el F-5, todos ellos aeronaves de adiestramiento, se remonta en el tiempo como mínimo a 2017, cuando el Ejército del Aire ya estudiaba cuatro opciones para sustituir a estos aparatos. Tiempo, por tanto, han tenido más que de sobra tanto el poder político —María Dolores de Cospedal y Margarita Robles— como el poder militar —Javier García Arnaiz, ahora asesor en GTA tras una puerta giratoria, y Javier Salto, responsable de los siniestros de helicópteros del SAR— tanto para adquirir aeronaves nuevas como para paralizar las actuales y alquilar los aparatos que hubiera hecho falta.

Pero tanto unos como otros alegan que ello no se pudo efectuar por cuestiones presupuestarias. Una diferencia en cuanto a la adquisición de 225 millones de euros y en cuanto al alquiler de unos pocos millones de euros. Lo que resulta en extremo incomprensible.

España ha gastado casi 10.000 millones de euros en el submarino que no flota, S-80, y el avión de transporte militar A400M, de los cuales más de 3.800 millones de euros se deben a sobrecostes. En el caso del avión de transporte militar la situación es tan lamentable que España incluso se planteó devolver 13 de los 27 aviones solicitados inicialmente, pero debido a que las multas económicas lo hacían inviable, finalmente decidieron intentar venderlos a terceros países. En este mercadeo, ofrecieron en el pasado mes de marzo de este año un intercambio de aeronaves a Corea del Sur: 6 aviones A400M por 30 aviones de entrenamiento KT-1 y 20 aviones T-50.

Esta noticia demuestra que si la cúpula militar y el ministerio de Defensa hubieran tenido un mínimo sentido común habrían adquirido menos aviones A400M y con el importe sobrante habrían adquirido aviones de entrenamiento. Más todavía, si no hubieran sido negligentes ni los A400M hubieran supuesto un sobrecoste, ni estos tendrían los problemas que hacen que queramos deshacernos de ellos —problemas en el lanzamiento de carga y paracaidistas y problemas de reabastecimiento en vuelo— ni habríamos tenido que enterrar a tantos militares.

Las negligencias de las y los ministros de Defensa y de sus cúpulas militares —incluidos JEMADs y JEM— en los últimos 20 años son responsables de una gran cantidad de los siniestros y las muertes que ahora se producen. Tanto en aeronaves como en vehículos y otras circunstancias. Algunos lo llevamos advirtiendo años, nos expulsaron y silenciaron, pero ello no detendrá la sangría.

El pasado no se puede cambiar, pero Margarita Robles en el año que lleva empieza a adquirir responsabilidad en las muertes de militares, tanto las acaecidas recientemente como las producidas en el futuro próximo. Margarita debe detener esta inercia, pensar y planificar nuestras Fuerzas Armadas, muchas vidas dependerán de hacerlo o no.

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