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La Moncloa denuncia la ley aragonesa que permite expropiar los ‘bienes de la Franja’

El Gobierno central acusa a la mayoría de las Cortes de aprobar una Ley de Derechos Históricos que cuestiona la soberanía nacional española, aunque bendice que las administraciones se refieran a Aragón como “nacionalidad histórica” y que su bandera ocupe el lugar “preferente” en los edificios oficiales

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El Consejo de Ministros acodó el pasado viernes llevar al Constitucional la Ley de Actualización de los Derechos Históricos de Aragón.

“Los bienes artísticos que integran el patrimonio histórico-cultural de Aragón que hayan salido de su territorio sin un título válido de propiedad”, entre los que obviamente se incluye buena parte del patrimonio eclesiástico emigrado a comunidades como Cataluña, “se declaran de interés general para la comunidad autónoma de Aragón a los efectos expropiatorios, con el fin de afirmar y defender la identidad de Aragón y sus derechos históricos”, señala la disposición adicional segunda de la Ley de Actualización de los Derechos Históricos de la comunidad, aprobada hace unos meses con el apoyo de PSOE, Podemos, Par, Cha e IU y la oposición de Ciudadanos y el PP y contra el grueso de cuyo contenido aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros interponer un recurso de inconstitucionalidad.

¿Y por qué se opone el Gobierno central a esta norma, impulsada por Cha y apoyada por una amplia mayoría en las Cortes? Según la breve nota en la que el Gobierno anuncia que percibe indicios de inconstitucionalidad en 32 de sus preceptos, el apartado referente a la recuperación del patrimonio supone una presunta “infracción de las competencias estatales” en ámbitos como los del patrimonio y la hacienda.

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La presentación del recurso supondrá, en cuanto sea admitida a trámite, la inmediata suspensión de la vigencia de esos artículos durante un periodo de cinco meses, algo que siempre ocurre, por ley, al interponerlo el presidente del Gobierno.

Esa suspensión, recurrible para pedir al tribunal que la levante pero también prorrogable si lo solicita una de las partes en litigio, en este caso la Abogacía del Estado, afecta también al resto de la disposición en la que la ley establece la posibilidad de expropiar por los mismos motivos “los bienes y archivos que integran el patrimonio cultural e histórico del Reino de Aragón y que pertenecieron a la Diputación General, a las Cortes, al Justicia, al Consejo de Aragón, a la Audiencia y al Maestre Racional del Reino de Aragón”.

La puesta en marcha de los trámites de expropiación requiere, no obstante, que previamente el Gobierno de Aragón declare cualquiera de esas piezas “como singulares para la identidad de Aragón”, decisión que “conllevará la necesidad de ocupación conforme a la ley de expropiación forzosa”.

¿Aragón no es anterior a España?

La Ley de Actualización de Derechos Históricos reivindica por una parte los símbolos y las instituciones históricos de lo que hoy es la comunidad al tiempo que reclama la presencia de las actuales en los procesos de toma de decisión que puedan afectar a sus ciudadanos.

El grueso de la ley había sido ya recurrido ante el Constitucional por el grupo parlamentario del PP en el Congreso. Posteriormente, el Gobierno central y el autonómico abrieron en la Comisión Bilateral un periodo de negociación para acercar posturas sobre la interpretación del texto, aunque este finalizó sin posibilidad de entendimiento, lo que llevó al gabinete de Pedro Sánchez a formular su recurso.

El ejecutivo central considera que la ley “incurre en diferentes reproches de inconstitucionalidad” que, entre otros, vulneran “los principios de soberanía nacional y constitucionalidad y del derecho a la autonomía, así como las reservas legales “en relación con el derecho fundamental a participar en los asuntos públicos”, a los que se suma “la infracción de las competencias estatales en tres ámbitos específicos: patrimonio, hacienda y justicia”.

El recurso de inconstitucionalidad cuestiona la legalidad de los artículos que establecen que “Aragón es una nacionalidad histórica, de naturaleza foral, cuya identidad jurídica, así como la voluntad colectiva de su pueblo de querer ser, se han mantenido de manera ininterrumpida desde su nacimiento”, y que “la participación de Aragón en el proceso histórico de construcción de España no ha supuesto la renuncia a sus derechos históricos”, los cuales “son anteriores a la Constitución española y al Estatuto de autonomía, que los amparan y respetan, así como a la legislación emanada de la Unión Europea”.

La bandera preferente de un territorio cuestionado

Al mismo tiempo, sin embargo, el recurso no afecta al artículo que determina que “todas las Administraciones públicas aragonesas” deben “utilizar en sus normas y documentos oficiales la denominación ‘Aragón, nacionalidad histórica” ni tampoco al que establece que la bandera aragonesa ocupará “el lugar preferente” en “el exterior de todos los edificios públicos civiles” de su territorio sin que su tamaño pueda “ser inferior al de otras banderas distintas a la misma cuando se utilicen simultáneamente”.

La denuncia afecta también a la reclamación de “acceder al más alto grado de autogobierno y, como mínimo, al que se reconozca a cualquier otra nacionalidad del Estado español en cualquier ámbito competencial, institucional o financiero” y a la inclusión del “pacto” entre los “principios tradicionales” que, junto con la libertad, la justicia social, la igualdad y el respeto a la diversidad, constituyen las garantías de “los derechos políticos y sociales de los aragoneses”.

El recurso, en cualquier caso, cuestiona también artículos con referencias a leyes vigentes en la actualidad. Uno de ellos es el que indica que el territorio de la comunidad autónoma “se corresponde con el histórico de Aragón, y comprende el de los municipios y comarcas integrados en las actuales provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza”. Y otro, el que señala que la bandera de Aragón, “de acuerdo con lo preceptuado” en el Estatuto, es “la tradicional de las cuatro barras rojas horizontales sobre fondo amarillo, en la que podrá figurar en el centro el escudo”.

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