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La Ley del Deporte y la privatización de la asistencia sanitaria en Aragón

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El pasado mes de diciembre se aprobó en Aragón la nueva Ley de la Actividad Física y del Deporte, la cual recibió muchos elogios debido a la introducción de aspectos bastante positivos como la promoción de la igualdad de género en el terreno deportivo o la sanción ante las conductas discriminatorias, racistas o xenófobas.

No obstante, esta ley, que supuso un avance cualitativo en muchos aspectos, también tiene sombras. Esta temporada el comienzo de las competiciones aragonesas no federadas se ha visto retrasado debido a una notificación que la DGA ha dirigido hacia las organizaciones. En dicha notificación se exigía que todos y todas las participantes de estas competiciones tuvieran un seguro médico suscrito por la organización de la competición para poder jugar, haciendo alusión al artículo 25.1 de esta ley, que es el siguiente: «Artículo 25. Organización de competiciones deportivas no oficiales y de eventos deportivos. 1. Para la organización de competiciones deportivas no oficiales y de eventos deportivos, las entidades organizadoras deberán suscribir el correspondiente seguro de previsión y asistencia sanitaria que cubra las contingencias que puedan afectar a los participantes durante su desarrollo».

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Las competiciones no federadas son las que recogen el deporte aficionado en nuestra comunidad y se caracterizan por contar con equipos de amigos y amigas, compañeros de trabajo, etc. En resumen, un conjunto de personas que se reúnen de forma regular con ánimo de disfrutar del deporte a un nivel no profesional y realizar una actividad saludable. A partir de ahora, para seguir realizando actividad deportiva tienen que afrontar un gasto extra para el pago del seguro privado, lo que saca a relucir la hipocresía de las instituciones que trasladan la necesidad de practicar deporte mientras penalizan a quienes lo practican.

Sin embargo, lo más grave de esta situación es la privatización encubierta de la asistencia sanitaria de estos deportistas y la financiación de la sanidad privada. La aplicación de este artículo va a suponer temporada tras temporada un trasvase de pacientes y de cientos de miles de euros a las clínicas privadas, además de un movimiento estratégico gracias al cual se van a lucrar las aseguradoras privadas. Para que veamos la gravedad de este problema y el servilismo de la DGA ante las entidades privadas, este 24 de octubre el Gobierno de Aragón organiza una jornada divulgativa acerca del porqué de este artículo y cuyo ponente será Óscar Sanz, un directivo de una correduría de seguros privados. Ante esta situación no podemos resignarnos y debemos reivindicar el papel de la Seguridad Social y el sistema de salud público. Las consecuencias las van a pagar los deportistas, que van a sufrir una merma en su asistencia en unos centros que conciben la sanidad como un negocio y no como un derecho fundamental.

Por otra parte, la misma DGA, que se pone tan rigurosa con la aplicación del artículo 25 de la ley, no sanciona las conductas que contravienen el artículo 6 de esta ley. En su versión inicial —y todavía vigente—, este artículo prohíbe la publicidad en equipaciones, instalaciones y patrocinios de todo tipo de apuestas deportivas y negocios relacionados con la prostitución, lo que contempla como infracciones muy graves que podrían ser sancionadas con multas de entre 6.001 y 60.000 €, la inhabilitación de la licencia deportiva por un período de uno a cinco años o la clausura de equipamientos o recintos deportivos con este tipo de publicidad entre otras. Actualmente, el Real Zaragoza está incumpliendo dicha ley, pues luce en su camiseta y en las vallas publicitarias de La Romareda publicidad de la casa de apuestas William Hill y la DGA no está actuando.

Este mes de septiembre, tras la reunión bilateral con el Gobierno de España, la DGA tuvo que recular y comprometerse a reformar este articulado y limitar estas sanciones a los equipos con sede en Aragón y competiciones locales, provinciales o del ámbito aragonés. Tras esta modificación, cualquier equipo con sede en otra comunidad podrá anunciar perfectamente negocios de prostitución y casas de apuestas tanto online como físicas. Es decir, contamos con una ley que ni siquiera se ha llegado a aplicar durante el tiempo que ha estado vigente y que, tras cumplir los deseos del Gobierno central y los intereses empresariales, se va a quedar descafeinada, pues se modifican drásticamente los artículos que molestaban a las grandes empresas y permanecen intactos aquellos que perjudican a los deportistas del día a día y las competiciones amateurs.

 

 

Juventud Comunista en Aragón

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