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La crisis ya despuntaba antes del virus: repuntan las deudas, la insolvencia y los despidos

Los datos sobre las demandas civiles y laborales al cierre del año pasado revelan la existencia de inquietantes tendencias que van a verse intensificadas, con el riesgo de alcanzar niveles catastróficos en el caso de los pequeños negocios, con el parón de la economía por el coronavirus

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Las demandas por impago de deudas y de salarios llevan meses repuntando en Aragón / Piqsels

La situación de emergencia sanitaria por el coronavirus y el estado de alarma declarado para tratar de atajar los contagios o cuando menos frenar su expansión tendrán efectos nocivos en el plano económico y en el social, en el que la catarata de despidos y suspensiones de contratos y el freno en la contratación llegan de manera simultánea a un cierre de la gran mayoría de los pequeños negocios, carentes de músculo financiero para soportar un cierre prolongado en el que tendrán que seguir atendiendo pagos de alquileres, letras y suministros.

Sin embargo, la situación de crisis económica postcoronavirus en Aragón no va a ser achacable en exclusiva a la emergencia sanitaria y a las medidas tomadas para combatirla. Estas, en cualquier caso, agravarán, hasta límites irresistibles en muchos casos según todos los indicios, las inquietantes tendencias que varios indicadores económicos, especialmente los del ámbito judicial, llevaban tiempo alertando.

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En este sentido, resultan significativos los datos que ofrece el último informe cuatrimestral sobre el Efecto de la Crisis en los órganos Judiciales difundido por el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) con datos del cierre de 2019, que revelan un notorio repunte de los procedimientos judiciales por deudas y por insolvencia en la comunidad, con especial incidencia en la provincia de Zaragoza.

Por una parte, los concursos de acreedores, que son los procesos que se abren por insolvencia de empresas o de personas (las antiguas suspensiones de pago), crecieron por tercer año consecutivo para llegar hasta los 364, con un inquietante ritmo de casi uno diario.

Se reparten, prácticamente a partes iguales entre los de empresas (181) y los de particulares (183), con un volumen desconocido entre estos últimos y con un ritmo entre las sociedades que supera los registros de las vísperas de la crisis (127 en 2008) y se acerca a los del principio de la recuperación (190 en 2015).

Cincuenta demandas por deudas cada semana

Paralelamente, se han disparado los llamados monitorios, que son los procesos en los que particulares y empresas se reclaman deudas impagados y efectos de pago como letras y facturas que no han sido atendidas.

En este caso, la progresión revela una tendencia mucho más acusada que la de los concursos: fueron 17.971 demandas el año pasado, con un aumento de más de 4.000 sobre los 13.804 del ejercicio anterior (+30,2%) que arroja una media de más de 340 semanales (casi cincuenta diarias) que no se había registrado en toda la década.

De hecho, solo en dos años de los trece de la serie, en 2009 y 2010, cuando los efectos de la anterior crisis se estaban dejando sentir con la mayor intensidad, fue mayor el volumen de demandas por impagos, con cotas, respectivamente, de 22.998 y de 22.180 que, vista la progresión del año pasado y el parón de la actividad económica por el coronavirus, no serían descartables para el cierre de este ejercicio.

Una conflictividad laboral en aumento

También se mantienen en niveles altos las reclamaciones de cantidad, en las que, por lo general, los trabajadores reclaman conceptos salariales impagados a las empresas para las que trabajan y, en menor medida, solicitan el abono de prestaciones a la Seguridad Social.

El año pasado fueron 2.917, un volumen inferior, aunque por muy poco, a los 2.982 del ejercicio anterior. En ambos casos se hallan en niveles similares a los del inicio de la crisis y de la recuperación tras unos años de reducción de este tipo de procedimientos.

Por último, las 2.503 demandas de despido presentadas en 2019 por trabajadores contra las empresas que habían prescindido de sus servicios revela un incremento de la litigiosidad laboral que únicamente se ve superado por el que se registró en el periodo 2012-2014.

Datos como el de los 1.048 trabajadores que perdieron su empleo como consecuencia de despidos colectivos y los 1.519 que vieron suspendidos sus contratos a través de EREs, con sendos aumentos del 79,5% y del 36,7% en relación con el año anterior, según los datos del Ministerio de Trabajo, apuntaban, también, en esa misma dirección.

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