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La automoción se pone las pilas: Aragón atrae 14 proyectos sobre el coche eléctrico

Las empresas desbordan el plan de captación de conocimiento del Gobierno de Aragón y presentan propuestas de investigación sobre el nuevo vehículo y los sistemas para fabricarlo presupuestadas en más de 80 millones de euros

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El Gobierno de Aragón intenta evitar la fuga de la planta de Opel en Figueruelas en pleno desplome del mercado automovilístico en España.

El programa de captación de conocimiento sobre el coche eléctrico del Gobierno de Aragón ha desbordado las expectativas de la administración: la convocatoria de las ayudas se ha cerrado con la presentación de catorce proyectos que, de salir adelante, sumarían una inversión de 84,68 millones de euros en diseños del nuevo vehículo y en modelos para sus sistemas de producción en la planta de Opel de Figueruelas, beneficiario indirecto del plan.

Según informaron a CierzoDigital fuentes de la Consejería de Industria, los catorce proyectos han sido presentados por quince promotores distintos, varios de ellos en coordinación con entidades públicas de investigación como el Instituto Tecnológico de Aragón (Itainnova), y las cuantías globales de las inversiones previstas oscilan entre los 3,3 y los 18,7 millones de euros. Otro centro de ese tipo colabora con otros dos proyectos.

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Los proyectos, centrados en el desarrollo experimental y la investigación industrial del coche eléctrico, incluyen propuestas sobre fabricación de prototipos y de componentes de sistemas complejos y, también, sobre ensayos y validaciones de productos y sobre innovación y mejora de servicios y procesos de producción.

La DGA dispone de una línea de ayudas de 12 millones de euros a distribuir entre este ejercicio (2,735) y los dos siguientes (4,632 en cada uno), con lo que, de entrar todas las propuestas en el programa, la subvención, topada en el 30% del valor de cada proyecto, alcanzaría el 14,2% del total.

Esta línea de ayudas se enmarca en la apuesta del Gobierno de Aragón (en funciones) por tratar de asegurar la continuidad de la factoría de Opel tras el cambio de propietario, de la multinacional estadounidense General Motors a la francesa PSA, y el inmediato recorte de derechos laborales que supuso una negociación a la baja del convenio en la que el cierre de la planta estuvo encima de la mesa.

Un sector en reconversión

Tanto el actual Gobierno de Aragón (PSOE-Cha) como sus nuevos socios del PAR, el grueso de la oposición y la mayoría de los agentes sociales consideran a Opel, a la que ya le ha sido otorgada otra ayuda de cuatro millones para desarrollar el coche eléctrico, como una empresa clave en el tejido industrial aragonés con una plantilla de 5.400 empleados, a los que se suman otros 24.000 de las 213 empresas auxiliares, que genera algo más de la sexta parte del valor añadido bruto (VAB) de la comunidad y un tercio de las exportaciones.

Su futuro, sin embargo, aparece incierto como el conjunto del sector, que sufre un desplome de las ventas tanto a nivel local como mundial. Las ventas de más de un millón de coches al año en España en ejercicios como el de 2008 no quedan lejos de los datos del año pasado, que incluso fueron superiores en más de 200.000 y que llevan camino de repetirse en este 2019. Sin embargo, su precio ha caído a menos de la mitad en esa década, con una crisis y una recuperación más que matizable de por medio.

Por otro lado, la cada vez mayor concienciación social sobre la necesidad de frenar el calentamiento global reduciendo el consumo de combustibles fósiles y las medidas restrictivas que administraciones de todo tipo están tomando con vehículos como el diésel sitúan a la industria ante una reconversión de mayor calado en la que deberá optar por el motor de combustión o el eléctrico.

Y todo apunta, a fecha de hoy, y con independencia del recorte de dos tercios del empleo que supondrá de manera global, a que la balanza comienza a inclinarse con claridad, y también con velocidad, hacia el segundo.

Un nuevo polo tecnológico

En este escenario, la iniciativa del Gobierno de Aragón incluye algunas condiciones que tienen como finalidad atraer conocimiento sobre esta materia a la comunidad y tratar de hacer que arraigue, en lo que vendrían a ser los primeros pasos de un polo tecnológico sobre el nuevo vehículo.

Así, la línea de ayudas exige que los proyectos sean desarrollados por empresas con sede en la comunidad, con primas para las iniciativas en las que participen varias firmas, una de las cuales siempre deberá ser una pyme, y/o en las que colaboren organismos públicos de las áreas de la investigación o de la difusión de conocimiento.

El plazo de ejecución de los proyectos no puede ser inferior a un año.

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