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La Airef niega que el envejecimiento cause el actual déficit de las pensiones

El ente público adscrito a Hacienda propone incluirlas en el déficit público global

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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) deja bien claro que el actual desajuste en el sistema público de pensiones en España en absoluto tiene que ver con causas demográficas, ni muy probablemente económicas, con el PIB en máximos durante estos años. Literalmente, el déficit actual de la Seguridad Social «trae causa en la crisis económica» comenzada hace diez años «y en problemas de diseño idiosincráticos» que la institución no detalla, pero «no en el envejecimiento» de la población. La Airef aconseja no generar incertidumbre infundada respecto a la sostenibilidad del sistema, pues «genera distorsiones en la toma de decisiones tanto de los pensionistas como de los cotizantes, afectando a sus decisiones de ahorro y consumo y llevando a una desafección generalizada con el funcionamiento del sistema».

Para el ente público adscrito a Hacienda, es necesario visualizar las pensiones «como un problema del conjunto de las Administraciones Públicas», lo que «permitiría reducir la incertidumbre existente respecto a la sostenibilidad de la Seguridad Social. De este modo», continúa la Airef, «se evitarían decisiones descoordinadas e inconsistentes como bajadas de impuestos o aumento del gasto en partes de la administración que aparecen como excedentarias». Para el organismo, el déficit de la seguridad en el corto plazo tiene su origen en la gravedad de la crisis que provocó un desplome de las cotizaciones y ha de ser separado de los problemas de largo plazo, determinados por la demografía» estos sí, «y que no son esencialmente diferentes en España que en el resto de los países de nuestro entorno».

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«En el corto plazo, la AIReF considera factible cerrar el déficit estructural existente en la Seguridad Social, mediante la asunción por parte del Estado de determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones», es decir, propone la Autoridad Fiscal que parte del actual entramado de las pensiones sea costeado por otras áreas de inversión social pública, con sus correspondientes impuestos: «El déficit estructural identificado debe considerarse en el contexto del conjunto de las Administraciones Públicas», para evitar «la toma de decisiones incongruentes» que «limitan artificialmente las posibilidades de solución». Cerrar así el déficit de la Seguridad Social «reduciría la incertidumbre respecto a la sostenibilidad del Sistema».

Una llamada a la fortaleza del Estado como garante de las pensiones, que, eso sí, se diluye y se matiza cuando hablamos a largo plazo. Habla la Airef de que, a partir de mediados de la próxima década, la demografía sí que empezará a ser un problema, cuando se conviertan en pensionistas los nacidos durante la década de los 60 del siglo pasado. Para entonces, «una combinación de medidas: Modificar los requisitos de acceso a la pensión (anticipada y ordinaria) para fomentar el aumento de la edad efectiva de jubilación», ahora estimada en cerca de los 63 años, y «el aumento de la carrera de cómputo de la pensión más allá de los 25 años». El objetivo, que la Airef aconseja «gradual» y «predecible», es que, en efecto, las siguientes generaciones nos jubilemos un poco más tarde y con una pensión media inferior.

Los cálculos de la Autoridad Fiscal se basan en un escenario económico y de empleo que continuaría estable al menos hasta mediados de los años 2020, para entonces sufrir una recesión económica que algunos cálculos, sin embargo, anticipan. De momento, el Estado ya viene corrigiendo a la baja las previsiones de crecimiento económico para este 2019, que quedan en el 2,2%. El impacto que estas previsiones tengan en el mercado laboral y el empleo determinará efectivamente la evolución del sistema público de pensiones en los próximos meses y, sobre todo, si la llamada a la calma de la Airef tiene reflejo en los mensajes políticos, los de las formaciones que defienden un sistema público y universal de pensiones y, sobre todo, los de los partidos que defienden otros intereses alejados del interés de la ciudadanía.

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