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La absolución del amaño expone al Real Zaragoza al abismo de la quiebra fraudulenta

El juez concluye que Agapito Iglesias, presidente y accionista mayoritario en aquella época, y su ejecutivo Javier Porquera maniobraron para descapitalizar la compañía deportiva sacando delictivamente 1,7 millones de euros en vísperas de la declaración de insolvencia y que engañaron a los administradores concursales para tapar esos manejos, con lo que lograron que la suspensión de pagos fuera calificada como fortuita en lugar de como dolosa

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La absolución del amaño con el Levante, del que el juez ve indicios pero no de suficiente entidad como para fundamentar una condena, abre un tenebroso horizonte judicial para el Real Zaragoza SAD.

“A la vista de la condena de dos de sus anteriores directivos, el club (sic), una vez estudiada la sentencia con detenimiento, valorará la adopción de las medidas que crea necesario en defensa de sus intereses”, advertía el Real Zaragoza SAD este lunes tras conocer la resolución del Juzgado de lo Penal número 7 de Valencia que absuelve a la entidad jurídica y a 42 exjugadores y extécnicos de la misma y del Levante del amaño del partido que esos dos equipos jugaron en mayo de 2011.

¿Qué quería decir la compañía deportiva con esa críptica declaración? No está claro, aunque lo cierto es que la sentencia, al margen de las muestras formales de “satisfacción” del comunicado oficial, está cargada de kriptonita para el futuro de la entidad que ahora controla la familia Alierta: describe, y lo da por probado, un monumental pufo con el que el expresidente y antiguo accionista mayoritario, Agapito Iglesias, y su consejero Javier Porquera desviaron 1,73 millones de euros de las cuentas de la entidad en vísperas de solicitar el concurso de acreedores para, tras engañar a unos administradores concursales que se tragaron su versión sin más comprobaciones, perjudicar a los acreedores, entre ellos la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento de Zaragoza o el Gobierno de Aragón.

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La sentencia que absuelve al Real Zaragoza SAD y a los otros 42 acusados de corrupción deportiva impone sendas penas de un año y tres meses de cárcel a Iglesias y Porquera como autores de un delito de falsedad documental por desviar el dinero y organizar un tinglado documental para camuflar esa operación en vísperas del concurso.

El juez considera que existen indicios de que el partido, en el que el Real Zaragoza se jugaba la permanencia y que ganó por un holgado 0-2, fue amañado mediante sobornos a los jugadores del Levante, aunque esos indicios no tienen la suficiente entidad como para quebrar la presunción de inocencia, por lo que absuelve a todo el banquillo del delito de corrupción deportiva.

Sin embargo, el juez se encuentra en ese punto con otro asunto: de las cuentas de la SAD salieron en fechas próximas al partido y ligeramente anteriores a la presentación del concurso 1,73 millones de euros “sin destino determinado” y mediante una serie de artificios documentales con los que esos movimientos acabaron registrados en las cuentas de la empresa “mendazmente” como primas pagadas a los futbolistas.

El fraude a los acreedores como móvil

El magistrado, una vez descartado el delito del amaño, concluye que existen “otras alternativas fácticas razonables a la hipótesis planteada por las acusaciones, como ocurre, especialmente, con el hecho de que, encontrándose el Real Zaragoza en una grave situación económica, a las puertas del concurso voluntario que se solicitaría días después, el presidente del club decidiera sacar el dinero que hubiera disponible en efectivo, para sustraerlo al régimen del concurso, en fraude de los acreedores preferentes”.

Esas “disposiciones fraudulentas” del dinero, añade, supondrían un presunto delito de apropiación indebida o insolvencia punible, aunque esa infracción penal no llegó a plantearse como cargo en el proceso, lo que impide condenar a nadie por ella en aplicación de lo que se conoce como el “principio acusatorio”. Lo solicitó la Liga de Fútbol Profesional, que imputaba a los denunciados una insolvencia punible y una apropiación indebida, aunque el juez instructor, el mismo que archivó inicialmente la causa al no percibir la existencia de ningún delito, rechazó la ampliación de la querella.

“Se producía objetivamente también el fraude de acreedores pues se realizaron actos dispositivos que disminuyeron el patrimonio del Real Zaragoza SAD, convirtiéndolo, al menos, en parcialmente insolvente”, sostenía la Liga, tal y como reseña el juez, que también anota que el segundo delito se habría producido al distraer “importantes cantidades dinerarias de su correcta administración”.

En cualquier caso, el magistrado señala ese propósito de escamotear dinero a los acreedores ante el inminente concurso como el móvil (“el tipo subjetivo”, en la jerga jurídica) de la falsificación, que en este caso identifica como “la intención de perjudicar a otro”. “En este caso, la falsedad pretendía crear la apariencia de que se habían pagado las primas o pagas extraordinarias que se reflejaban en las mismas, cuando no era cierto”, con lo que Iglesias y Porquera “habrían actuado en perjuicio de sus acreedores, entre los que cabe incluir a la Agencia Tributaria”.

Esos 1,73 millones de euros, que salieron de las cuentas del Real Zaragoza (965.000 euros) a través de las de once futbolistas y técnicos y que fueron retiradas en efectivo (765.000) de la fallida filial inmobiliaria Zaragoza Real Estate, tuvieron “un destino no justificado, ni aclarado”.

Un relato comprometedor en un momento crítico

Esa narración de hechos y esa argumentación jurídica narran en realidad un fraude previo al concurso de acreedores que, según explicaron fuentes jurídicas, sería suficiente, una vez la sentencia fuera firme, para reabrir el concurso si alguna de las partes personadas en él lo solicita (el juez no actúa de oficio en la jurisdicción mercantil o civil).

Es decir, que de confirmarse esa tesis judicial, ya sea en instancias superiores o por resultar firme la sentencia, lo que fue formalmente calificado como un concurso fortuito tendría posibilidades más que fundadas de transformarse en una quiebra fraudulenta, algo que, según marca la ley, conlleva la persecución penal de sus responsables y la liquidación de la empresa en cuestión.

Ese relato, en forma de hechos probados de una sentencia, llega cuando la propia gestión de las obligaciones derivadas del concurso está creando tensiones en el Real Zaragoza SAD: la magistrada del Juzgado Mercantil número 2 de la capital aragonesa ha ordenado a la compañía deportiva, mientras el Supremo acota las exigencias en esta materia, que se ponga al día en sus pagos tras comprobar cómo dos centenares de sus casi trescientos acreedores no recibieron ni un euro en los dos primeros plazos que debía haber liquidado.

En ese contexto, y después de que acreedores del ámbito del deporte como el Shaktar Donestk, el Milán o el Tombense hayan denunciado sendos incumplimientos del convenio de pagos que, de ser apreciado por la juez, conllevarían la liquidación, es en el que los actuales propietarios de la empresa deportiva hablan de “la adopción de las medidas que crea necesario en defensa de sus intereses”.

En cualquier caso, antes de que pueda, o deba, suceder cualquiera de esas cosas la sentencia debería ser firme.

Los administradores no cotejaron los movimientos de dinero

La sentencia narra cómo “el Real Zaragoza atravesaba graves dificultades económicas” que llevaron a sus responsables tras finalizar la liga a presentar concurso voluntario de acreedores.

Llegado ese momento, y para “justificar ante la administración concursal, el Juzgado de lo Mercantil, la Agencia Tributaria y los demás acreedores las referidas salidas del dinero en efectivo de la caja” del Zaragoza, Iglesias y Porquera “puestos de acuerdo y a sabiendas de su irrealidad, acordaron que se contabilizaran mendazmente” los movimientos de los 1,73 millones “como si se tratara del pago a los jugadores del Zaragoza de una prima especial por permanencia en la Primera División y que se confeccionaran nóminas que las justificaran documentalmente”.

Se trataría, añade la sentencia, “de documentos falsos creados con el solo propósito de ocultar o disimular el verdadero destino de las cantidades dinerarias distraídas de la caja” que “sirvieron como justificante ante la administración concursal y ante el Juzgado de lo Mercantil”, ya que “los administradores concursales [las] dieron por válidas (…) ante las explicaciones verbales” de Iglesias y Porquera y “sin haber comprobado si efectivamente los conceptos reflejados en dichos documentos respondían a la realidad”, aunque sí regularizaron ante Hacienda esos movimientos aparentemente salariales.

Todo ello, concluye, tuvo “su reflejo en el concurso, que fue calificado como fortuito”, y habría ocurrido, anota, “con la necesaria colaboración de unos jugadores, supuestamente primados, que iban a iniciar sus vacaciones”.

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