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Glovo y Deliveroo contra los trabajadores y el estado del bienestar

UGT presenta un informe que hace un análisis exhaustivo de la penosa situación de los "riders" repartidores y de cómo estas empresas defraudan millones de euros en cotizaciones a la seguridad social

El lunes 30 de septiembre se celebrará el macro juicio de Glovo contra la Tesorería de la Seguridad Social en el que el sindicato también se ha personado

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Presentación del informe de UGT

«Penoso, peligroso y precario», así es el trabajo en las plataformas digitales de reparto como Glovo o Deliveroo, según la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT), que ha presentado un exhaustivo informe elaborado por su gabinete de estudios centrado en estas nuevas formas de empleo. Según Rubén Ranz, coordinador de la Plataforma Tuspuestasindical.es de UGT, estas plataformas suponen una involución en el mundo del trabajo y los riders de Glovo no son «emprendedores» sino trabajadores por cuenta ajena en un «gigantesco engaño masivo».

El informe hace especial hincapié en las condiciones de trabajo penosas y desquiciantes a las que están sometidos estos trabajadores. La impersonal relación con la empresa a través de la plataforma, por la que se puede «despedir», o lo que es lo mismo, no adjudicar pedidos como castigo por no haber sido lo bastante rápido o diligente. La competición entre trabajadores a la que se somete a los riders, los algoritmos, las largas jornadas, etc, todo bajo una estética y lenguaje cool y tecno-optimista.

Mailrelay, email marketing

No son emprendedores, son trabajadores

Las empresas que actúan por medio de plataformas digitales venden a sus trabajadores no son tales, sino empresarios autónomos con los que establece una relación mercantil. Desde UGT se plantea que estos «emprededores» no tienen control sobre su jornada, no marcan los precios y no pueden rechazar un pedido. Sus ingresos son bajos y no se les permite parar ni aun cuando tienen un accidente, un hecho que tiene lugar todos los días. Estas empresas sólo quieren una relación individual y son «antisindicales». Un ejemplo de este extremo es que un rider fue despedido en Madrid por animar a la huelga, porque «para ellos, la huelga es algo ilegal», según Ranz. Este episodio hizo que un juez resolviera que el rider pasara a tener un sueldo fijo -según convenio- y una relación laboral con la empresa, siendo el único de España en mantener esta relación.

El informe de UGT recoge los ingresos medios de estos repartidores, cuya media oscilaría entre los 750 y los 1000 euros al mes. Estas cifras que contraponen a lo que deberían ganar estos trabajadores si les aplicaran los convenios colectivos en figuras más asimilables a «repartidor», con contrato indefinido a tiempo completo. En hostelería, 1.435,8 euros en 12 meses. Pero no sólo hay que fijarse en los ingresos. Si estos trabajadores fueran considerados empleados por cuenta ajena tendrían derecho a vacaciones, descansos o posibilidad de bajas por enfermedad, derechos que ahora mismo no tienen al ser autónomos.

Se estima, según datos de la patronal del sector, que en España en 2018 había 14.337 empleados en estas plataformas. Si estos trabajadores hubieran estado en el régimen de la Seguridad Social por cuenta ajena -como establecen las actas de la Inspección de Trabajo- hubieran percibido 17.230 por persona, o un total de 247 millones de euros en 2018 en caso de ceñirse a convenios ponderados por población o 183, 3 millones de euros (12.952 por persona) si estuvieran en la categoría más baja, es decir, tirando por lo bajo. Por estar en su situación actual, 154,8 millones de euros en 2018.

Gigantesco fraude a la Seguridad Social

Pero esta situación no sólo es precaria para los riders. Este sistema supone un fraude para las arcas públicas: estos autónomos trabajan en base a la tarifa plana de los autónomos, 60 euros mensuales que resultan de las bonificaciones de la Seguridad Social, frente a los 283,3 euros que corresponderían. En el momento en que pasa el primer año y aumenta lo que estos trabajadores deben cotizar, comienzan a darse de baja, ya que no les sale a cuenta. Todo ello provoca que en la situación actual, las cotizaciones a la Seguridad Social oscilarían entre los 18 y los 41 millones de euros, todas a cargo de los trabajadores. En el caso de que se reconociera la relación laboral entre riders y empresas, tirando por lo bajo, estaríamos hablando de 92.6 millones de euros, de los cuales 76,8 procederían de las empresas y 15,8 de los trabajadores.

En total, la Seguridad Social perdería entre 55,6% y el 80,5% de las cotizaciones anual que serían debidas. Una verdadera sangría para el estado del bienestar. Estas empresas transfieren al trabajador todas las cargas, ahorrándose entre 57, 6 y 76,8 millones anuales. Este uso indebido del contrato autónomo permitirá a las plataformas digitales de reparto ahorrarse hasta 92 millones anuales en salarios y 76 millones en cotizaciones a la seguridad social. En total, 168 millones al año. Esta cifra sería mayor si el número de trabajadores creciera. Los trabajadores pierden y la sociedad no gana nada.

Si este modelo se extendiera en España los efectos serían demoledores. Con solo 1,3 millones de personas que hicieran esta transición, el coste de ingresos de la Seguridad Social sería el mismo que el que sufrió la economía española de 2011 a 2012, cuando se perdieron un millón de empleos.

La importancia del próximo juicio contra Glovo

La presentación del informe se realiza en el contexto del próximo macrojuicio que se celebrará en Zaragoza de Glovo contra la Tesorería de la Seguridad Social el lunes 30 de septiembre, ante el levantamiento del acta de infracción y la liquidación de cuotas a la Seguridad Social de 326 riders en la ciudad por la Inspección de trabajo de los últimos cuatro años a los que considera como falsos autónomos. La labor de la Inspección de Trabajo ha sido fundamental para la que se pueda celebrar este juicio, ya que en sus informes afirma que la relación de Glovo con sus riders es una «relación laboral clásica», pero camuflada de otra cosa. Este juicio será fundamental para que en el futuro estas plataformas deban regirse por el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos aplicables.

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