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El Supremo eleva la presión sobre el Real Zaragoza: o paga ya a 200 acreedores o se arriesga a desaparecer

El tribunal ordena liquidar una empresa que dejó de pagar su convenio alegando que desconocía en qué cuenta debía hacer los ingresos a la Agencia Tributaria y establece ese criterio como jurisprudencia siempre que el moroso vulnere la buena fe, lo que convierte la orden de pago de la jueza del Mercantil 2 en una oportunidad agónica de supervivencia

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Las decisiones de los accionistas mayoritarios del Real Zaragoza han puesto a la SAD al borde de la liquidación mientras hablan de explotar La Romareda y de fichar jugadores.

La gestión que los nuevos accionistas mayoritarios están haciendo del Real Zaragoza SAD ha llevado a la compañía deportiva a una situación crítica: o saldan a toda velocidad los atrasos del convenio concursal que han decidido dejar impagados a dos de sus tres centenares de acreedores o se arriesgan a que la empresa sea liquidada por orden judicial.

De hecho, la orden de efectuar “el pago de los plazos pendientes del convenio (primero o segundo) a los acreedores” que la magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza emitió hace unas semanas es, en realidad, una oportunidad agónica de mantener viva la entidad.

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Lo es, además de por la orden en sí, porque, según dictaminó a primeros de octubre la Sala de lo Civil del Supremo, ese es el criterio que deben aplicar los tribunales con los morosos que dejan de incumplir sus convenios con los acreedores con mala fe y alegando que si estos no cobran sus deudas es porque no les han comunicado en qué cuenta bancaria deben efectuar los ingresos.

Ese es el argumento utilizado por el Real Zaragoza SAD para justificar el hecho de no haber pagado 566.500,05 euros a 207 reclamantes a primeros de julio del año pasado y de haber repetido la jugada con 278.001,23 para otros 200 en el mismo mes de 2019, aunque el juzgado no ha determinado, al menos por ahora, si esa decisión incluye o no mala fe.

La situación es similar a la que enfrentó Celta Prix, una empresa de Lugo con más de 200 empleados que explotaba el servicio de recogida de basuras en más de 70 ayuntamientos gallegos y que fue declarada insolvente en 2012, y que, en este caso, fue denunciada por la Agencia Tributaria, pero no como acreedor privilegiado, que es la calificación que se da a los impuestos impagados, sino en calidad de reclamante ordinario. Se encontraba en ambas posiciones, y sí estaba cobrando las deudas con privilegio.

El principio de buena fe

Tanto el juzgado Mercantil como la Audiencia Provincial lucenses en primer lugar, como después el Supremo al avalar sus criterios, dictaminaron que no pagar a este acreedor ordinario por no haber facilitado específicamente una cuenta bancaria vulnera el principio de buena fe y supone un incumplimiento del convenio, lo que conlleva la liquidación de la empresa.

La sociedad morosa argumentó, como ha hecho ahora el Real Zaragoza SAD, que su convenio recogía la obligación para los acreedores de comunicar al juzgado una cuenta para recibir en ella los pagos, y que no habían cobrado los que incumplían ese requisito. En el caso de la sociedad gallega, el acuerdo incluía una leonina cláusula que no figura en el de la compañía deportiva: si no indicaban la cuenta en el mes siguiente a la ratificación del pacto, “se entenderá que (…) renuncia a los plazos temporalmente superados”, aunque “sin perjuicio de su notificación en cualquier momento de vigencia del convenio, recuperando el acreedor su derecho parcial por los pagos temporalmente pendientes de cumplimiento”.

El Supremo concluye que esas cláusulas son válidas “para evitar situaciones de pendencia de cobro o incumplimiento por razones ajenas al concursado”, aunque anota que “no cabe una aplicación de la cláusula de forma contraria a la buena fe”. Y quien valora en cada caso la existencia o no de esa eventual intencionalidad torticera, que se daría si el moroso dejara de pagar a acreedores cuyas cuentas conoce en realidad, es el juez que lleva cada concurso.

La sentencia añade que “una cláusula de estas características no tiene sentido que se oponga frente al acreedor público que tiene prescrito normativamente una determinada forma de pago, para justificar el impago de los fraccionamientos vencidos”, lo que abre la vía para “instar la declaración de incumplimiento del convenio”.

La SAD pide eludir o aplazar pagos

En el caso del Real Zaragoza, la magistrada optó por ordenar al Real Zaragoza que liquide los pagos pendientes de los dos plazos del concurso, decisión que la compañía deportiva ha recurrido pidiéndole que declare “la pérdida del derecho de cobro del primer plazo de los acreedores que han incumplido con la obligación de comunicar la cuenta bancaria en el plazo estipulado” o que, de manera alternativa, establezca “que los pagos vencidos sin haber sido comunicada la cuenta bancaria queden postergados hasta que venza el último de los pagos previsto para esos acreedores, configurado como un último pago anual adicional” que, de aceptar ese planteamiento, quedaría aplazado hasta 2026.

Otra cosa son los efectos que pueda tener en sus cuentas, y en sus planes de fichajes, la obligación de desembolsar los 844.521,28 euros que suman los impagos de 2018 y 2019 a poco más de medio año de tener que afrontar otro plazo del convenio de 2,44 millones.

Con todo, los primeros movimientos de los acreedores que vieron cómo no cobraban en ese primer plazo, el de julio de 2018, y que ya plantearon entonces el incumplimiento del convenio, ha tenido efectos positivos para ellos: tanto el AC Milán como el Shaktar Donestk, que en la primera ocasión se quedaban sin percibir, respectivamente, 121.295,73 y 237.294,70 euros de los 2,42 y los 4,74 millones que les adeuda la empresa deportiva zaragozana, de la que son los mayores acreedores ordinarios, sí aparecían en la segunda con ingresos de 169.814,03 y de 332.212,58.

En esa segunda lista de plazos saldados también aparece otro de los denunciantes, el equipo de fútbol brasileño del Tombense, al que le fue realizada una transferencia de 27,367,13 de los 390.959 que, con dos quitas, le adeuda la SAD aragonesa pero que este asegura no haber recibido. Según el Real Zaragoza, esta entidad le había facilitado una cuenta de un banco de Frankfurt y le propone ahora otra de Belo Horizonte.

En la lista de quienes no han cobrado el segundo plazo del convenio elaborada por los administradores concursales figuran, además de 24 clubes de fútbol y SAD entre los que destacan el River Plate (211.430 euros pendientes), el Nápoles (440.000) y el Partizán de Belgrado (700.000), exjugadores de la talla de Mohamed Alí Amar, “Nayim” (6.413,28), o Juan Morgado  (143,13) y también Peter Luccin (60.381,93), por cuyo presunto finiquito se sentará próximamente en el banquillo la compañía deportiva para responder de una acusación de fraude tributario. También figura en esa lista el Ayuntamiento de Zaragoza, con el que la SAD firmó recientemente un convenio para que le ceda 75 años la explotación de La Romareda.

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