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El Supremo avala la reforma fiscal de Santisteve y Rivarés

El tribunal rechaza un recurso de Saica y ratifica la legalidad del nuevo callejero fiscal que modificó la carga tributaria de los negocios y las actividades profesionales, y de las obras, en función de su ubicación en la ciudad, aunque mantiene que deben aplicarse los coeficientes antiguos como dictaminó el TSJA

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Fernando Rivarés, candidato de Podemos-Equo, impulsó la reforma del callejero fiscal de Zaragoza como concejal de Economía de Santisteve, de ZeC.

El Tribunal Supremo ha avalado la reforma fiscal que Zaragoza en Común (ZeC) sacó adelante, tras pactarla con PSOE y Cha, en la reforma de las ordenanzas fiscales de 2017 y ha rechazado el recurso por el que la papelera Saica pretendía echar abajo esa modificación de las normas tributarias, cuya legalidad ya había sido ratificada previa y parcialmente por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Aragón).

La reforma del callejero fiscal, impulsada por el concejal de Economía, Fernando Rivarés (candidato en la lista de Podemos-Equo a las municipales de este domingo), y el equipo de gobierno de Pedro Santisteve, aspirante a la reelección por ZEC, consistía, básicamente y a partir de los cálculos elaborados por la Universidad de Zaragoza, en reducir de nueve a siete las categorías de las calles de la ciudad, en modificar la catalogación de una parte de ellas (tramos, en algunos casos), en congelar o rebajar las de los cuatro grupos de menor capacidad económica y en aplicar una subida a los otros tres.

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Saica, que se consideraba perjudicada por esa modificación del callejero, especialmente en lo que se refiere al nuevo tratamiento del IAE (Impuesto de Actividades Económicas), llevó el asunto a los tribunales, que le han desestimado sus argumentos en dos ocasiones.

Los tribunales dictaminan la nulidad de los nuevos coeficientes, que era una de las reclamaciones de Saica, pero ratifican la vigencia del nuevo mapa tributario de la ciudad, lo que, en la práctica, se traduce en una subida del recibo del IAE para más de 3.000 empresas. Es decir, que se aplica la nueva distribución con los viejos coeficientes.

Argumentos enfrentados

La papelera sostenía que se trataba de una decisión arbitraria, que durante el periodo de información pública de la nueva ordenanza no pudo examinar el informe de la universidad, que el ayuntamiento estaba modificando normas de competencia estatal y que las decisiones carecían de motivación. La modificación del callejero fiscal, y su ratificación por el TSJA, «afecta potencialmente a todos los ciudadanos de Zaragoza y, desde luego, a todos aquellos sujetos al Impuesto sobre Actividades Económicas».

El ayuntamiento, por su parte, mantenía que la decisión estaba suficientemente motivada y que se ajusta a la legalidad, El callejero fiscal “no tiene reproche alguno respecto a la categorización de calles con criterios de capacidad económica”, señalaba en su recurso, en el que, al mismo tiempo, mantenía que modificar el mapa «supondría una disminución notable de los ingresos públicos, si se debiera aplicar el coeficiente más bajo a todas las calles», lo que “traería como consecuencia ineludible la afección del gasto público previsto y, por ende, el consecuente perjuicio para los intereses generales».

La nulidad completa de la reforma, añadía, «traería como consecuencia la imposibilidad de llevar a cabo la ejecución de sentencia por el grave afección a la Hacienda Pública municipal que supondría afrontar el pago” de todas las liquidaciones tributarias afectadas.

Una situación particular no es un caso general

El Supremo dictamina que Saica “no acredita” que el TSJA se hubiera saltado su jurisprudencia para avalar el callejero. “No aclara ni justifica convenientemente qué aspectos de la jurisprudencia invocada, que se dice contradictoria con la sentencia de instancia, es necesario matizar, concretar o precisar”, dice la sentencia, ni indica en qué consiste la invocada afección al interés general que iban a provocar las nuevas normas tributarias.

“No se acredita” que la sentencia del TSJA “transcienda del caso objeto del proceso y afecte a un gran número de situaciones”, señala el tribunal, que, como ejemplo, destaca que con la reforma “tanto las personas físicas como las jurídicas con una cifra de negocios inferior a un millón de euros se encuentran exentas”.

“Más bien la pretensión de Saica, aun aludiendo a un supuesto interés general, se contrae a una cuestión circunstancial, carente de proyección expansiva”, añade. Es decir, que la papelera estaba intentando que el Supremo abordara como algo que afectaba a buena parte de los zaragozanos lo que, en realidad, era un efecto particular en su cuenta de resultados.

El Supremo desestima también el recurso del ayuntamiento de Zaragoza, en este caso por no haber explicado de una manera amplia en qué iba a consistir la grave afección a los intereses generales que iba a conllevar la anulación de los coeficientes, por mucho que estos fueran una “parte esencial” de la reforma.

No son “suficientes las meras referencias genéricas y abstractas que presupongan sin más tal afección” ni tampoco basta “la afirmación de que se produce por tratarse de la interpretación de una norma jurídica, cuya aplicación a un número indeterminado de situaciones forma parte de su naturaleza intrínseca», añade.

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