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El Real Zaragoza juega con fuego: achaca sus impagos a los acreedores y pide a la juez que no lo liquide

La compañía deportiva asegura que si ha dejado de pagar a dos centenares de reclamantes en su concurso ha sido por no haberle comunicado estos las cuentas para los ingresos, y sostiene que eso no supone un incumplimiento del convenio que conllevaría su disolución de apreciarlo el juzgado, que, por lo pronto, le ha ordenado que salde sus deudas

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El presidente del Real Zaragoza SAD, Christian Lapetra, firma unos papeles ante el vicepresidente y consejero delegado, Fernando Sáinz de Varanda.

El Real Zaragoza está jugando con fuego. La compañía deportiva ha dejado de pagar a dos centenares de sus acreedores en cada uno de los dos primeros pagos del convenio que desde primeros de mayo de 2012 viene salvándole de la quiebra, y lo ha hecho con un doble, y arriesgado, movimiento jurídico: achaca a quienes no han cobrado la responsabilidad de no haber recibido el dinero por no haberle indicado en qué cuentas debía ingresar las cantidades adeudas, y le ha asegurado al juzgado de lo Mercantil número 2 de la capital aragonesa que esos impagos no suponen un incumplimiento del acuerdo, algo que, de ser apreciado por la magistrada, supondría la liquidación de la empresa.

Por lo pronto, y en una providencia dictada hace unos días y que el Real Zaragoza ha recurrido, la jueza ha ordenado al Real Zaragoza “que efectúe el pago de los plazos pendientes del convenio (primero o segundo) a los acreedores”, lo que le obliga a desembolsar 844.501,28 euros bajo el riesgo de afrontar, además de la liquidación, un eventual proceso judicial por desobediencia.

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Según recoge un informe de los administradores concursales de Real Zaragoza remitido al juzgado, la sociedad anónima deportiva, que al cierre de 2018n arrastraba una deuda a largo plazo de 73,2 millones y otra de 11,9 a corto con un volumen de negocio anual de 7,88 y una ganancia neta de 896.520 euros, pagó el 2 de julio de 2018 un total de 692.495,48 euros a 92 acreedores y dejó de desembolsar otros 566.500,05 que debían haber recibido otros 207.

“Estos créditos no han sido satisfechos, según manifestaciones de la dirección [de la empresa], por no haberle sido comunicada en el plazo previsto la cuenta bancaria donde realizar el pago”, señalan los administradores, que añaden que esos débitos “se mantienen en el pasivo del balance clasificados a largo plazo”.

La historia volvió a repetirse un año después, en julio de este año, cuando 99 acreedores recibieron pagos por 1.475.146,12 euros y 200 dejaron de percibir los suyos, que sumaban 278.001,23, con la misma explicación por parte de la empresa.

El aspirante a explotar La Romareda no paga al ayuntamiento

Entre los afectados por los impagos hay exjugadores, clubes de fútbol y grandes empresas, pero también profesionales y pequeñas firmas para las que una deuda de varios miles de euros supone en ocasiones una amenaza para su viabilidad.

No obstante, el nombre más destacado en la lista de quienes no han cobrado es el del Ayuntamiento de Zaragoza, la misma institución que, tras el cambio de legislatura y la llegada al poder del ‘trifachito’ que lidera Jorge Azcón (PP), impulsa la remodelación del estadio de La Romareda  para privatizarlo y entregárselo a la SAD mediante una concesión de 75 años.

En esta tesitura, la empresa que ahora controla César Alierta, con Chirstian Lapetra como presidente y con su sobrino Fernando Sáinz de Varanda y su ejecutivo de confianza Luis Blasco (condenado por las ‘tarjetas black’ de CajaMadrid) como consejeros delegados, dejó de pagar al consistorio 1.186,39 de los 9.886,55 euros que le debe vía concurso de acreedores.

Tampoco es que se trate de la única deuda de la compañía deportiva con las instituciones, ya que su filial inmobiliaria, Zaragoza Real Estate, adeuda más de dos millones a Hacienda (1,92), al Gobierno de Aragón (casi 400.000 euros) y al ayuntamiento de la capital (18.911), ni se trata de la única anomalía en los pagos de la que los administradores informan al juzgado. “Dada su escasa cuantía”, los 1.875 euros que debían transferir en octubre serán “objeto de incorporación” al pago ordinario de julio de 2020.

La ‘par conditio’, el incumplimiento y la liquidación

Varios de esos acreedores que no han cobrado, entre los que destacan otras compañías deportivas como el AC Milán italiano y el Shaktar Donetsk ucranio, el Tombense brasileño y la compañía eléctrica Endesa (hoy controlada por capital público italiano a través de Enel), se han dirigido al juzgado para poner en su conocimiento los impagos y para que adopte las decisiones “que correspondan en derecho”, lo que equivale a pedir la activación del artículo 140 de la Ley Concursal, el que regula la declaración de incumplimiento de un convenio que, de ser dictada por el juez, conlleva la liquidación de la empresa morosa que la comete.

Esos acreedores consideran que el Real Zaragoza ha incumplido sus obligaciones concursales y que ha vulnerado la ‘par conditio’, la regla jurídica que obliga a tratar por igual a todos sus acreedores y cuya vulneración conlleva la disolución de las firmas morosas.

Según el Shaktar, el Real Zaragoza está “continuando su política de impagos que le condujeron al concurso” y manteniendo “su evidente voluntad de perjuicio al acreedor”, que en este caso ha visto reducirse de 14 a 4,74 millones de euros (más de la sexta parte de los 24,6 millones del agujero “ordinario” de la SAD), que no solo ha visto mermado su crédito con la quita sino que además ha debido de espera un año más para empezar a cobrar lo que le ha quedado de la deuda inicial”.

Según la defensa del Real Zaragoza, Milán, Shaktar y Endesa “no facilitaron en el plazo indicado en la Propuesta Anticipada de Convenio el número de cuenta bancaria”, por lo que no habría vulnerado la ley. No obstante, la SAD asegura que optó por pagarles antes de presentar el escrito en el juzgado.

Primero pagar, después alegar

El Tombense, por su parte, mantiene que la SAD está “incumpliendo con las obligaciones de pago” pese a haberle comunicado “en reiteradas ocasiones” en qué cuenta debería efectuar los ingresos, por lo que reclama a la jueza que ordene el pago “con cuanto demás proceda en derecho”.

La SAD sostiene que “los acreedores que no han tenido la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones no tienen derecho al cobro de esos plazos”, cuya liquidación propone postergar “como un último plazo anual una vez pagados todos los posteriores”, y añade que sus impagos no pueden tomarse como “un incumplimiento de la propuesta anticipada de convenio a los efectos del artículo 140 de la Ley Concursal”.

No obstante, en este caso el Real Zaragoza ha optado también por pagar antes de enviar las alegaciones al juzgado.

La pelota del futuro del Real Zaragoza está ahora mismo sobre dos tejados: el de la jueza, que puede optar por disolver la SAD en caso de considerar que los impagos a esos dos centenares de acreedores suponen incumplir el convenio, y el de los propietarios de la compañía deportiva, que tienen en su mano pagar para evitar daños en sus propios intereses empresariales.

 

1 Comentario

  1. Mentirosos. Vaya manera de meter 💩. Con mentiras, pura falsedad de un periódico de quinta regional.

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