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El nuevo Hospital de Alcañiz: la crónica de un fiasco anunciado

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Duros son los tiempos que vivimos a consecuencia de la pandemia del COVID-19. El virus ha golpeado fuerte entre la población más vulnerable, causando miles de fallecidas y agudizando las dificultades que afrontaban en los últimos años las capas populares de nuestro país. Se ha demostrado quiénes somos imprescindibles gracias al notable esfuerzo de las trabajadoras de los servicios esenciales y que es fundamental el papel que juega todo el personal sanitario en nuestra sociedad. En esta crisis sanitaria la que la sanidad privada ha pasado de puntillas, pero más de 50 000 sanitarias se han visto infectados de coronavirus.

En España y Aragón contamos con uno de los mejores sistemas públicos de salud a nivel global y unas profesionales magníficas, pero somos conscientes de las carencias con las que cuenta después de continuos años de recortes económicos —con un claro objetivo ideológico— aprovechando la pasada crisis económica. Recortes que especialmente ha sufrido la atención primaria, que es la primera barrera de contención con la que cuenta el sistema sanitario para evitar males mayores y fundamental para el seguimiento del estado de salud de los pacientes.

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Previamente a la declaración del estado de alarma, estábamos asistiendo a la culminación del segundo acto del espectáculo bochornoso de la construcción del nuevo Hospital de Alcañiz: la DGA iniciaba los trámites para la rescisión del contrato de obras para intentar volver a licitarlo después del verano. Este caso evidencia las carencias de la Ley de Contratación Pública, la irresponsabilidad de las administraciones públicas y, sobre todo, la avaricia empresarial. La historia de la construcción del nuevo Hospital de Alcañiz la podríamos resumir como la crónica de un fiasco anunciado.

Primer acto: el Gobierno del PP-PAR y la privatización de la sanidad

La construcción del nuevo Hospital de Alcañiz es un proyecto que viene arrastrando polémica desde los tiempos de Rudi en el Gobierno de Aragón. El 28 de enero de 2015, el gobierno del PP-PAR sacó a concurso la adjudicación de la construcción del hospital haciendo uso de un modelo de colaboración público-privada. El contrato, además de la construcción del hospital, incluía su gestión durante 20 años, una forma de colaboración muy lucrativa para las empresas, cara para las administraciones públicas y deficiente en su calidad hospitalaria, como ya habían demostrado varias experiencias en la Comunidad de Madrid.

Pese a que la población de Alcañiz comenzó a movilizarse desde el primer momento en el que esta información salió a la luz pública, el gobierno del PP-PAR siguió en sus trece y no dudó en seguir aplicando la estrategia neoliberal marcada por aquellos a los que representan, los grandes propietarios y las grandes empresas.

Segundo acto: el Gobierno de Javier Lambán y el chantaje empresarial

El nuevo ejecutivo de Javier Lambán dio portazo al expediente del gobierno anterior. Así, a finales de 2015, comenzaron los trámites para realizar las adaptaciones pertinentes al proyecto y desbloquearlo, esta vez con gestión pública. El contrato salió a concurso por un importe de aproximadamente 80,8 millones de euros. El coste de adjudicación fue uno de los aspectos clave del pliego para la valoración final de las ofertas.

Es aquí donde entra en juego la estrategia de los grandes grupos empresariales para la contratación de obra pública: la obra sale a concurso, se presenta un determinado número de empresas, alguna de ellas realiza una bajada económica temeraria y recibe la adjudicación. Una vez adjudicada la obra, comienzan los ajustes y el chantaje empresarial.

Tras una bajada, a todas luces temeraria (pero permitida por el pliego), de más de 23 millones de euros (28,83 % respecto del importe de contrato), este proyecto se adjudicó de manera prácticamente automática a la UTE OHL-Dragados por casi 57,5 millones. Por una parte, podemos ver la negligencia que supone la mala redacción de los pliegos del contrato y, por otra, la profunda irresponsabilidad de las empresas adjudicatarias. Recordemos que estamos hablando de dinero público.

Hoy en día, las obras del hospital están totalmente paralizadas y es que, después de dos años, solo se han ejecutado en torno al 10 % de los trabajos. La UTE decidió poner en marcha las obras al ralentí para forzar unas negociaciones que pudieran modificar el proyecto y aumentar así sus beneficios empresariales. Da igual que estemos hablando de unas instalaciones sanitarias, la avaricia empresarial no tiene límites.

La DGA ya trabaja para la rescisión del contrato, cuestión que seguramente acabe en los tribunales. Se prevé un litigio de largo recorrido en el que la UTE volverá a intentar sacar tajada de dinero público tras actuar negligentemente. Mientras tanto, está claro que la población alcañizana no verá finalizado el hospital a finales del 2021 como estaba planificado.

Tercer acto: la nueva licitación del proyecto

La exconsejera de Sanidad, Pilar Ventura, aseguró a finales de enero que la construcción del hospital de Alcañiz saldría de nuevo a concurso después del próximo verano. Eso sí, esta vez se sacará a concurso la obra por lotes en vez de un bloque, para «evitar los abusos de las grandes empresas».

Es imposible aventurarnos a predecir qué sucederá con un proyecto en el que políticos y empresarios han jugado con el dinero público y, lo más importante, con la salud de las aragonesas, pero, si algo debemos tener claro, es que, cuando alcancemos esa nueva normalidad tan mencionada, se seguirá especulando con servicios imprescindibles para las capas populares como es la sanidad, seguirán existiendo los conciertos millonarios con centros hospitalarios privados o concertados como la MAZ o el Grupo Quirón y, en definitiva, no habrán desaparecido todos los recortes que se han venido haciendo desde hace años.

Debemos tener todo eso en mente para continuar luchando por la defensa de este servicio esencial para las capas populares porque, si algo ha terminado de confirmarse tras esta crisis sanitaria, es que la sanidad pública es imprescindible.

 

*Chabier Andrés, Juventud Comunista es Aragón

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