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El negocio de la deuda: la banca gana 15 millones al mes con la DGA

La Cámara de Cuentas recomienda al Gobierno autonómico que ejecute recortes por 349 millones de euros para evitar un desfase económico en el que el endeudamiento y las bajadas de impuestos suponen los mayores lastres para unas cuentas de la comunidad plagadas de gazapos

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El elevado volumen de intereses que año tras año paga el Gobierno de Aragón a la banca por su desbocada deuda, que lleva casi dos décadas sin parar de crecer, es uno de los principales lastres para desarrollar políticas.

Los bancos se forran con la deuda del Gobierno de Aragón: ingresan 180 millones de euros al año, quince cada mes, en lo que supone uno de los principales lastres de la comunidad autónoma para el desarrollo de sus propias políticas.

El dato figura en el Informe de Fiscalización sobre la Cuenta General de 2017 que acaba de hacer pública la Cámara de Cuentas, en el que este organismo pone negro sobre blanca la encrucijada ante la que se encuentran los responsables económicos de la comunidad: recaudar más, por mucho que algunas opciones políticas sigan abogando por bajar impuestos desde una posición más propagandística que analítica, o ejecutar duros recortes en el gasto que se acercarían a los 250 millones de euros al año.

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“Ante esta realidad –señala el informe-, si los ingresos no aumentan, la comunidad necesitará seguir endeudándose para financiar el gasto corriente o bien reducir sus gastos en, al menos, 349 millones de euros”.

El documento recoge cómo “el endeudamiento financiero se situó en 8.553 millones de euros al cierre del ejercicio” de 2017, mientras los fondos propios “fueron negativos por 3.309 millones” cuya causa se encuentra en “los continuos desequilibrios anuales propiciados por la insuficiencia de los ingresos de la comunidad autónoma para hacer frente a su actividad corriente que, para el ejercicio 2017, hemos cuantificado en 49 millones”.

A esa cifra se le añaden “los recursos necesarios para reposición del inmovilizado, estimados en €120 millones, y los costes financieros de la deuda acumulada, que alcanzaron los 180”, lo que da el total de 349.

Decisiones propias y ajenas que agravan la tensión financiera

Sin embargo, las últimas decisiones tomadas tanto por el Gobierno autonómico como por el central, y avaladas por sus respectivos parlamentos, anticipan una intensificación del descuadre, básicamente por la reducción de los ingresos que conllevará la rebaja del Impuesto de Sucesiones y Donaciones aprobada al final de la pasada legislatura en el plano local y, en el estatal, por el rescate del Impuesto de Hidrocarburos que entró en vigor el 1 de enero, que restará más de 300 millones a las arcas autonómicas.

La suma de esas dos cifras, los 180 millones de los intereses y los más de 300 de la merma de ingresos, se acercan considerablemente, e incluso llegan a superar, a otra fundamental: la de las políticas efectivas que suponen las inversiones reales y las transferencias de capital del presupuesto autonómico, 465,9 millones en las últimas cuentas 409,3 en el anterior y 378,9 uno antes.

Los intereses de la deuda, no obstante, llevan cinco años bajando (llegaban a 251 en 2013) pese a que en ese mismo periodo los préstamos pendientes de amortizar han aumentado en casi 3.000 (eran 5.369) y siguen creciendo, según los datos del Banco de España.

La paradoja no se debe a la brillantez de quienes han pasado por la consejería de Hacienda en ese lustro, José Luis Saz (exPP hoy en C’s), Javier Campoy (PP) y Fernando Gimeno (PSOE), sino a la política ultraexpansiva que caracterizó el paso de Mario Draghi por el Banco Central Europeo, que ha situado el interés del dinero en números negativos y que ha inyectado fondos tanto en las administraciones como en los sistemas bancarios acudiendo directamente a las subastas de deuda.

Esa circunstancia, en cualquier caso, no asegura un horizonte de placidez financiera al Gobierno de Aragón, que sí ha reducido en más de un tercio en esta legislatura, aunque a base de costosos rescates que han maquillado las cuentas de las empresas mientras lastraban las de la comunidad, el endeudamiento de su sector público, que ha caído de 79 a 48 millones.

“La comunidad sufrirá tensiones financieras en el corto plazo”

En este sentido, la Cámara de Cuentas llama la atención sobre el hecho de que el remanente de fondos arrojara unos números rojos de 590 millones de euros (58 más de los anotados por la DGA). “Los elevados valores negativos del remanente indican que la comunidad sufrirá tensiones financieras en el corto plazo y que será necesario adoptar medidas para corregir este desequilibrio”, concluye el órgano de fiscalización.

Paralelamente, la Cámara de Cuentas desgrana una serie de anomalías en las cuentas del Gobierno de Aragón: infravalora en 38 millones los intereses que deberá pagar al ICO, omite los 150 millones que deberá recibir la escuela concertada en los próximos cuatro años y los más de 80 que requerirá la refinanciación de Zaragoza Alta Velocidad (69) y Aramón (13,5) y no incluye “las liquidaciones negativas del sistema de financiación de los ejercicios 2008 y 2009 que suponen una deuda de 495 millones”.

Eso, en una comunidad que cerró 2017 con un déficit de 332 millones (116 por encima del objetivo) y cuyo presupuesto incluyó infradotaciones por valor de 272 cuyos principales agujeros se localizan en el Salud, con 174; en Educación, con 27 para nóminas de la pública y 18 para la concertada, y el Suelo y Vivienda, que realizó una ampliación de capital de 46.

También hubo ingresos extraordinarios. Concretamente, 253 millones que sirvieron para cubrir gastos devengados. Sin embargo, quedan por imputar al presupuesto otros 93, dentro de los cuales “la Cámara de Cuentas estima en 37 millones el gasto realizado sin cobertura presupuestaria”.

 

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