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El Gobierno de Aragón subvenciona a Opel con los cuatro millones que le pidió

La DGA recorta recursos del fondo de garantía de servicios públicos autonómico para destinar una ayuda millonaria a la planta del gigante automovilístico PSA en Figueruelas con el fin de garantizar “su viabilidad a corto y medio plazo” con la fabricación de coches eléctricos

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El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán; la consejera de Industria, Marta Gastón, y la ministra del mismo ramo, Reyes Maroto, en una visita a la planta de Opel en Figueruelas en enero.

El Gobierno de Aragón ha aprobado una subvención directa de cuatro millones de euros para Opel para financiar proyectos de investigación y desarrollo en eficiencia energética y medioambiental, es decir, para financiar el diseño y la construcción de automóviles eléctricos en la planta que el gigante automovilístico francés PSA posee en Figueruelas.

La ayuda ha sido aprobada mediante un decreto-ley fechado el pasado 12 de marzo y cuya convalidación deberán debatir las Cortes de Aragón en el último pleno de esta legislatura, previsto inicialmente para los próximos 28 y 29 de marzo.

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Los fondos, cuya habilitación responde a un crédito extraordinario cuyos recursos salen de una partida catalogada como fondo de garantía de servicios públicos, fueron solicitados por la propia empresa, según indica el propio decreto. Este explica cómo la normativa europea considera que las ayudas públicas tienen un “efecto incentivador” si, “antes de comenzar a trabajar en el proyecto o actividad, el beneficiario ha presentado por escrito una solicitud”.

Y la DGA se apoya en ese detalle para justificar la tramitación de la ayuda por la vía del decreto: “resulta necesaria la urgente tramitación de las ayudas a conceder para que no se pierda este carácter lo que pondría en riesgo su viabilidad”. Es decir, que no podría subvencionar esa línea de trabajo si Opel hubiera comenzado ya a trabajar en ella.

De hecho, en otro pasaje apela a “la limitación temporal determinada por la necesidad de comenzar las actividades” de fabricación del vehículo eléctrico por parte de la empresa, junto con la ausencia de unos presupuestos autonómicos para este año en cuyo anteproyecto preveía el ejecutivo incluir “una subvención de carácter nominativo” para Opel España con la misma finalidad, como como un motivo “absolutamente patente” de la “extraordinaria y urgente necesidad” de recurrir a esa fórmula.

El efecto tractor

Esta decisión llega un año después de que PSA asegurara, tras la tensa renovación del convenio colectivo, la continuidad de las instalaciones de Figueruelas para los próximos años y el comienzo de la producción de coches eléctricos en ellas, un anuncio que vino seguido de un empeoramiento de las condiciones salariales de los trabajadores de nueva incorporación a la plantilla.

En la Opel de Figueruelas trabajan unos 5.400 empleados, a los que se suma una industria auxiliar “formada por unas 213 empresas, que en su conjunto emplean aproximadamente a 24.000 trabajadores directos e indirectos en empleos de gran calidad y cualificación”, señala el decreto, que atribuye a la automoción “el 17% del VAB [Valor Añadido Bruto] industrial autonómico” y un tercio de las exportaciones de la comunidad.

Se trata, dice, de “un sector clave para Aragón por su elevado peso específico para su economía” en el que los “cambios muy sustanciales” que está poniendo en marcha Opel “tendrán un efecto tractor sobre otras empresas, pymes, centros tecnológicos y universidades de la región, por su potencial implicación”.

Viabilidad a medio y corto plazo

“Son muchos cambios radicales que deben tener lugar en muy poco tiempo” en el sector del automóvil, señala el decreto, que considera “imprescindible que, como Administración autonómica, pongamos en marcha nuestras propias iniciativas de estímulo”.

“Este reto no se puede abordar en solitario por parte de cada uno de los agentes implicados: administración, empresas fabricantes, distribuidores y sindicatos”, anota, sino que “se requiere de un trabajo conjunto y en común para el mantenimiento de la relevancia que en términos económicos y de empleo tiene la fabricación de vehículos en Aragón”.

Esa urgencia en apoyar al sector del automóvil contrasta con el tratamiento que en esta legislatura han tenido otros ámbitos como la economía social, a cuyas entidades hay asociados más de 250.000 aragoneses y que genera más del 3% del PIB, y cuya ley no llegará ni siquiera a ser tramitada, o el de los autónomos, cuya nueva regulación en la comunidad verá la luz también sobre la campana con un texto que, según se vio en la última Comisión de Economía de las Cortes, carece del apoyo de las formaciones del centro-derecha.

Esos cambios incluyen procesos de automatización y cambios en la secuenciación y en la cadena de suministro, aunque también otros como la mejora de la prevención de riesgos laborales, la integración de nuevos materiales como la estampación en aluminio o “la diversidad de colores en el coche” que, en el caso de Figueruelas, incluyen la previsión de invertir “en torno a 250 millones de euros” hasta 2021.

“La pugna entre las compañías productoras de vehículos, exige acometer ya las inversiones” para Opel “so pena de quedar retrasada con respecto al resto de competidores en la fabricación de coches eléctricos”, añade el decreto, que asegura que “el impulso de estas actividades contribuirá a su viabilidad a corto y medio plazo”.

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