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Dos sentencias habilitan a Aragón para reclamar a Madrid la deuda millonaria por cuidar la salud de los presos

El Supremo acaba con la disparidad de criterio de los tribunales y deja claro que es la administración penitenciaria la que debe hacerse cargo de la factura por los ingresos hospitalarios y las atenciones especializadas de los reclusos y por el suministro de fármacos para tratarlos, que en Aragón incluye atrasos de más de siete millones de euros

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El Ministerio del Interior lleva tres años sin pagar ni una sola de las facturas que le remite el Gobierno de Aragón por los antivirales para la hepatitis C con los que se tratan los presos.

La Sala Tercera del Supremo ha despejado las últimas dudas, si es que las hubo, sobre quién debe hacerse cargo de la salud de los presos: quien los custodia, que es el Ministerio del Interior, y no la comunidad autónoma en la que Instituciones Penitenciarias los va ubicando mientras van cumpliendo sus penas.

Eso, en el caso de Aragón, supone que la comunidad autónoma queda habilitada para reclamar al Gobierno central los más de siete millones de euros que le adeuda por la hospitalización de reclusos y por el suministro de fármacos (la atención primaria la cubren las prisiones), según reconoce la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, en su respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada de Podemos Itxaso Cabrera.

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“Los importes que se adeudan por parte de Instituciones Penitenciarias al Servicio Aragonés de Salud” ascendían a final de año, según esa respuesta, a 7.487.089 euros. Y el Gobierno de Aragón, que no ha mostrado mucho interés por resolver este asunto en toda la legislatura, ya tiene los argumentos jurídicos para reclamar ese dinero.

Nada permite excluir a los reclusos de la sanidad

Las sentencias del Supremo, que dan la razón a los servicios autonómicos de salud de Madrid y de Andalucía, establecen que es la Administración penitenciaria, y no la sanitaria, la que debe hacer frente a los costes de la prestación sanitaria en los hospitales públicos de las comunidades autónomas a internos en centros penitenciarios que tienen la condición de asegurados, afiliados o beneficiarios de la Seguridad Social.

“Corresponde a la administración penitenciaria la asunción de tales costes, con independencia de que el interno en los centros penitenciarios que recibe la asistencia sea o no beneficiario, afiliado o asegurado a la Seguridad Social”, señala el Supremo, que enumera cuatro motivos para tomar esa decisión.

Uno es “la relación de sujeción especial que liga al interno” con las prisiones; otra, la “obligación ‘ex lege’ (impuesta por la ley) de garantizar su salud”, y una más,  “la inexistencia de precepto alguno que permita excluir aquella financiación por la sola condición del preso como beneficiario de la Seguridad Social”, a las que se suma el hecho de que la ausencia de convenios de colaboración supone incumplir el Reglamento Penitenciario.

“No se ha abonado ningún importe” por antivirales

El grueso de ellos, algo más de siete millones, corresponde a “asistencias en atención especializada” en hospitales, ambulatorios y centros de salud de las tres provincias aragonesas, mientras otros 480.738 euros tienen su origen en el suministro de fármacos antivirales para tratar la hepatitis C. No obstante, al cierre del ejercicio quedaba pendiente de facturar casi un tercio de esas cantidades. Concretamente, 2,1 millones por las asistencias y 166.193 euros por los medicamentos.

El primero de esos conceptos viene recogido en un convenio suscrito entre la DGA e Instituciones Penitenciarias a principios de 2002, coincidiendo con el traspaso de las competencias en materia sanitaria a la comunidad, y que el Gobierno central ha denunciado como ha hecho en las otras catorce autonomías que no gestionan prisiones.

Por otro lado, la atención a los presos con hepatitis C se deriva del plan estatal sobre el manejo de esa patología, aprobado en 2015. “Por parte de Instituciones Penitenciarias no se ha abonado ningún importe correspondiente a la facturación por antivirales”, que incluyó la atención a 140 reclusos de Zuera, Daroca y Teruel en los primeros tres años, señala la consejera, la cual, no obstante, eludía aclarar si el Gobierno de Javier Lambán había llevado a los tribunales al Ministerio del Interior por este asunto.

“El Consejo de Gobierno de Aragón está a la espera de que el Gobierno central tome la iniciativa con el conjunto de las comunidades autónomas para iniciar este proceso de transferencia” de las competencias en materia penitenciaria, se limitaba a señalar, al tiempo que apuntaba que “el Departamento de Sanidad realizará las actuaciones pertinentes para asumir con total normalidad estas competencias cuando se produzca esta transferencia”.

 

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