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Azcón se da cuatro años para privatizar La Romareda sin concurso

El alcalde del trifachito firma con los representantes del Real Zaragoza un convenio que conlleva dejar durante 75 años el estadio municipal en manos de una empresa privada investigada por fraude tributario y juzgada por amañar partidos y comprometer su remodelación con cargo a las arcas municipales sin atar cómo ni cuándo recuperará la ciudad esa inversión

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El expediente municipal señala que el acuerdo de PP y C’s con el Real Zaragoza “no se deriva compromisos económicos que deban sustanciarse”.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y el equipo PP-C’s que gobierna el Ayuntamiento de Zaragoza bajo la supervisión de Vox, se ha dado cuatro años para dejar durante 75 el estadio municipal de La Romareda en manos del Real Zaragoza SAD, una empresa privada que ahora mismo se encuentra, como persona jurídica, en espera de sentencia en un asunto de amaño de partidos de fútbol y en capilla para ser juzgada por fraude a la Hacienda Pública.

Si la RAE no yerra cuando define “privatizar” como “transferir una empresa o actividad pública al sector privado”, lo que el equipo de gobierno municipal está planteando es privatizar la posesión del estadio municipal: durante tres cuartos de siglo y sin concesión.

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Esa duración de 75 años es una de las escasas concreciones del convenio firmado hace unos días por el propio Azcón y por su concejal de Urbanismo, Víctor Serrano (C`s), con el presidente de la SAD, Christian Lapetra, y su consejero delegado, Fernando Sáinz de Varanda.

Aunque no es la única. Otra de las destacables es que la entrega de un bien del patrimonio municipal a una empresa privada mediante la fórmula de la concesión, y por el plazo máximo que permite la legislación, se hará sin que ese contrato salga a concurso público, una decisión que cuenta con el visto bueno de la Intervención Municipal.

Según consta en el expediente del convenio, al que ha tenido acceso Cierzo Digital, los interventores avalan que se trata de un acuerdo excluido de la Ley de Contratos, aunque esta pone para ello tres condiciones cuyo cumplimiento en este caso resulta, como poco, cuestionable.

Las condiciones que marca la ley

Una consiste en que la empresas “no han de tener vocación de mercado”, lo que sí ocurre “cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por ciento de las actividades objeto de colaboración”. La segunda exige que “el desarrollo de la cooperación se guíe únicamente por consideraciones relacionadas con el interés público”. Y el tercer requisito consiste en que esa cooperación entre la Administración y la entidad privada tenga “la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común”.

El acuerdo entre el equipo de gobierno municipal y la compañía deportiva semana incluye entre esos objetivos de servicio público, como “necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal” a satisfacer, “la promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre”.

El expediente, no obstante, incluye un informe del Servicio de Administración de Suelo y Vivienda que que señala como “objeto” del convenio el de ”sentar las  bases para la ejecución de unas obras de remodelación del estadio municipal de La Romareda que afectan a ambas partes, en su condición de titular de dominio público y de cesionario de uso de la misma”.

“No se deriva compromisos económicos”

El informe de los interventores señala que el convenio “se ubica dentro de las posibilidades” de cerrar acuerdos con particulares que da a las administraciones la Ley de Procedimiento Administrativo y, paralelamente, añade que de su contenido “no se deriva para el ayuntamiento compromisos económicos que deban sustanciarse tras la adopción de un acuerdo de aprobación del mismo”

El convenio indica que “las obras de remodelación y reforma” del estadio “exceden del deber de mantenimiento y conservación” del mismo que el Real Zaragoza está obligado a cumplir desde 2003, cuando comenzó a ser su inquilino en precario tras 26 años de concesión (1976-2003) y diez de ocupación sin contrato “por la vía de hecho”, lo que lleva al equipo de Azcón a comprometer al ayuntamiento a redactar un anteproyecto para esa obra “de manera consensuada” con la empresa privada y a adjudicar la redacción del proyecto definitivo y su ejecución “asumiendo la financiación” de los trabajos.

Según el acuerdo, el consistorio asumiría esa intervención municipal “sin perjuicio de su repercusión” al Real Zaragoza “en los plazos y forma” que recoja la concesión, la cual sería “objeto de otorgamiento a la finalización de la cesión de uso a precario”, que vence el 23 de diciembre de 2023, ya en la siguiente legislatura.

Es decir, que en los próximos cuatro años (u ocho, ya que el pacto es prorrogable por anualidades) el Ayuntamiento de Zaragoza, que en el mismo documento se compromete a tramitar la concesión antes de que se extinga la ocupación en precario, no tendría por qué recibir ni un solo euro del beneficiario de su actuación. Después, ya se vería:  la SAD “se compromete a reintegrar” el “coste total” de las obras en “la forma y plazos temporales que se establecerán” en el pliego de condiciones de la concesión, el cual, en cualquier caso, no se materializaría hasta “una vez remodelado” el campo.

El convenio, por otro lado, indica explícitamente que ese pliego de condiciones posterior a las obras, que incluirá un canon por ocupación de las instalaciones y otro para amortizar la inversión, “habrá de ser aceptado” por el Real Zaragoza, lo que deja abierta la puerta a un eventual desacuerdo, sin concesión ni acuerdo de pago, con las obras ejecutadas a cargo de la ciudad.

El club que ya no es tal y las condiciones para aceptar la concesión

El convenio incluye algún error de bulto, como cuando indica que las obras deben garantizar “la asistencia máxima posible de los socios del club (sic) a los partidos oficiales del calendario deportivo”: ni el Real Zaragoza es un club (dejó de serlo hace un cuarto de siglo al transformarse en SAD) ni la condición de socio da derecho a entrar en La Romareda salvo que ese socio sea al mismo tiempo abonado. Por el contrario, el grueso de la afluencia a los encuentros la conforman los abonados y los aficionados que sacan sus entradas puntualmente.

Otra de las condiciones recoge que los cánones deberán establecerse “atendiendo a diversos factores como pueden ser a modo de ejemplo, la situación económica de la concesionaria, la inclusión del club (sic) en primera o segunda división, etc”.

Y, por último, indica que si el ayuntamiento reclama el uso de La Romareda durante esos 75 años para “la celebración de actividades culturales, deportivas, sociales o de cualquier otra naturaleza que resulten de interés para la ciudad”, podrá utilizar el estadio en aplicación de su “reserva de derecho”, pero “siempre y cuando dicha actividad no interfiera en la práctica deportiva habitual” de la empresa y con el compromiso de pagar “los costos necesarios para devolver la instalación deportiva a su estado original”.

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