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Azcón acepta que el R.Zaragoza justifique el convenio con facturas fuera de plazo

Pese a que todas las facturas que presentó el R.Zaragoza, menos una, estarían fuera del plazo límite del 30 de abril, el Gobierno PP-CS les dió el visto bueno.

Fernando Rivarés, Portavoz de Podemos Equo, no descarta impugnar el acuerdo puesto que nunca se concedió ninguna prórroga.

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Azcón y Serrano con los responsables del Real Zaragoza

El Gobierno PP-Cs de Zaragoza que preside Jorge Azcón aceptó el pasado 17 de enero las facturas presentadas por el R.Zaragoza como justificante al pago de 400.000 €. de dinero público por el convenio de colaboración de 2018.  Sin embargo, y según la documentación que obra en poder de Cierzo Digital, la práctica totalidad de esas facturas no deberían haber sido admitidas al pertenecer a obras realizadas fuera del plazo legal en que debieron haber sido realizadas.

Hace unos días este medio adelantó que los 400.000 €. de dinero público que el Ayuntamiento de Zaragoza convenió en 2018 con el Real Zaragoza no se habían utilizado para el pintado y limpieza de los asientos tal y como comprometía el acuerdo firmado. Tras la interpelación en comisión del concejal de Podemos-Equo Fernando Rivarés al Consejero de Urbanismo Víctor Serrano sobre ese tema, se ha sabido que  todas las facturas presentadas por el Real Zaragoza, menos una, se habrían hecho fuera del plazo comprometido.

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En el apartado tercero de Obligaciones del Gobierno de Zaragoza se establece que «la suma de 80.000 €, que supone el 20% de la aportación económica reseñada, se satisfará con cargo al presupuesto municipal de 2019, en el momento en que el Real Zaragoza SAD acredite la ejecución de las obras de mejora pactadas en la precitada instalación deportiva mediante la aportación de las facturas correspondientes por la totalidad de las obras ejecutadas, que deberán llevarse a cabo antes del día 30 de abril de 2019

La única factura que contempla trabajos realizados antes de ese día está fechada en enero de 2019 y asciende a sólo 2.548,26 €. El resto de facturas, hasta los 400.000 € comprometidos están fechadas entre los meses de septiembre y noviembre, muy lejos ya de ese 30 de abril límite. Las fechas de las facturas fueron confirmadas or Serrano en el transcurso de su intervención.

El Ayuntamiento nunca acordó conceder una prórroga

Para interpretar este convenio, el Ayuntamiento se debe acoger a la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, “de aplicación a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón”, incluido el propio Ayuntamiento de Zaragoza. En dicha ley, el artículo 33 permite que si «por razones justificadas», la actuación no se pudiera realizar en la fecha prevista, se podrá conceder «siempre con anterioridad a la finalización del plazo concedido«, una prórroga del plazo que no podrá exceder de la mitad del previsto.

Sin embargo, en el expediente no figura petición alguna del club para alargar el plazo ni antes, cuando gobernaba ZeC, ni después de ese 30 de abril. Tampoco consta ninguna autorización municipal para prorrogarse.  No se entiende, por tanto, cual es la base legal por la que PP y Cs han admitido esas facturas fuera de fecha. Por contra, si aparece una petición fechada el 30 de agosto de 2019 pidiendo cambiar el objeto del convenio, como finalmente autorizó el Coordinador del Área de Urbanismo Miguel Ángel Abadía.

Pese a todo lo anterior, el Gobierno de Zaragoza según la web municipal acordó el pasado 17 de enero «Tener por cumplimentado por parte de Real Zaragoza SAD el conjunto de obligaciones establecidas en el Convenio Marco de Colaboración suscrito en fecha 16 de octubre de 2018 con el Ayuntamiento de Zaragoza, al haber quedado justificada la ejecución de determinadas actuaciones de mejora en el Campo Municipal de Fútbol de la Romareda como contraprestación a la aportación económica efectuada por el municipio«.

Podemos estudiará impugnar el acuerdo.

Cabe recordar que el R. Zaragoza ingresó 320.000 €. quedando pendiente el 80% restante a la justificación de la totalidad del gasto en tiempo y forma, algo que, a la vista de la documentación consultada, no se ha producido.  El propio Serrano admitió ante la interpelación de Rivarés que ese 20% ni se ha reconocido ni se ha tramitado de momento y habló de «dejar trabajar a la intervención municipal para salir de dudas».

El portavoz de los morados, por su parte, ya dejó entrever en su intervención que es un asunto que puede acabar «judicializado». A su juicio «no se cumplió lo que dice ese convenio», lo que significaría «que no se puede cobrar». El Consejero de Economía en la legislatura pasada añadió que todos los gobiernos, «siempre» que ha habido «una subvención o un convenio que no se ha justificado adecuadamente» han reclamado el «reintegro» del dinero «sea cual se la entidad». A expensas de recibir y estudiar el expediente, Rivarés no descarta ninguna acción en este tema, incluída una impugnación del acuerdo del gobierno en vía judicial.

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