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Aramón pide al Gobierno de Aragón que expropie las tierras de Castanesa

La Consejería de Vertebración del Territorio, gestionada por Cha, frena en seco las prisas del hólding del esquí al considerar que “en ningún caso queda acreditada” la necesidad de declarar urgente la ocupación de la montaña para construir la polémica estación de esquí

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Aramón tiene urgencia por comenzar las obras de Castanesa para evitar que caduque un permiso ambiental que difícilmente podría obtener de nuevo.

Aramón, el hólding semipúblico del esquí aragonés, quiere las tierras de Castanesa en las que proyecta construir la estación de esquí que, una vez unida a la ampliación de Cerler, dará lugar al mayor dominio esquiable de Europa (4.167 hectáreas en altitudes de 1.682 a 2.838 metros). Y las quiere ya, sin dilaciones en su carrera contra el reloj, o mejor contra el calendario, por evitar que el 11 de diciembre del año que viene caduque por falta de uso si los trabajos no han comenzado una autorización ambiental cuyos responsables saben que difícilmente podrían obtener si debe ser tramitada de nuevo con las actuales exigencias de protección ambiental.

La empresa, participada al 50% por el Gobierno de Aragón e Ibercaja, ha pedido a la comunidad que ordene la expropiación de las tierras afectadas por su proyecto y que esta sea declarada urgente, un movimiento que ha tenido dos consecuencias notables: hacer que el proyecto se tope con los primeros escollos administrativos de su prolongada existencia en papel y poner sobre la mesa las primeras dudas sobre el apoyo real al complejo en el territorio en el que está proyectado.

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Los escollos han aparecido en la Consejería de Vertebración del Territorio que dirige José Luis Soro, de Chunta Aragonesista (Cha), formación que siempre se ha opuesto al proyecto, según consta en la respuesta ofrecida por el departamento vía Portal de Transparencia a la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), una de las organizaciones integradas en la Plataforma de Defensa de las Montañas, y a la que ha tenido acceso Cierzo Digital.

El documento indica que, mientras la Dirección General de Ordenación del Territorio sigue sin recibir ninguna “relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados” por el proyecto, declarado de interés autonómico (PIGA) el 11 de septiembre de 2012, la Secretaría General Técnica ha recibido en los últimos meses tres comunicaciones del hólding.

En la primera, fechada el 29 de julio, Aramón solicitó “la iniciación de expediente para la expropiación de las fincas afectadas por la ejecución de las obras del proyecto”. Antes de que hubiera transcurrido un mes, el 22 de agosto, pidió “que se declarara la urgente expropiación”. Y tres semanas después, el 11 de septiembre, planteó una modificación de “la relación de bienes y derechos” a la que se aplicaran también esas dos circunstancias.

“No se ha procedido”

Sin embargo, Vertebración  del Territorio ha frenado en seco las expectativas de la empresa semipública, de la que es socio el mismo Gobierno autonómico en cuyo consejo se sienta Soro.

Por una parte, “no se ha procedido” a publicar la modificación del listado de bienes afectados en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), que es un requisito imprescindible para activar el proceso expropiatorio.

Y, por otra, añade la respuesta, “tampoco se ha realizado la solicitada declaración de urgencia”, ya que, de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa , “en ningún caso queda acreditada dicha necesidad en el expediente remitido”.

En este sentido, la intención de la consejería es la de “solicitar en primer lugar” a Aramón que aclare “la oportuna justificación de la urgencia, y si esta no queda suficientemente justificada, se dará el trámite correspondiente para el inicio de la información pública”.

La ‘prueba del nueve’ de los PIGA        

La posición de Cha no deja de seguir los planteamientos del acuerdo de Gobierno del cuatripartito que preside Javier Lambán, que cuyo octogésimo punto aboga por “impulsar el turismo de Aragón a partir de mejoras estratégicas como las de las estaciones de esquí (…) priorizando e impulsando de forma significativa aquellos proyectos sostenibles desde los puntos de vista social, medioambiental y económico”.

En este sentido, Cha, que comparte ejecutivo con otra formación crítica con Castanesa (Podemos-Equo) y con dos proclives (PSOE y Par), siempre se ha mostrado crítica con la sostenibilidad tanto ambiental como social del proyecto de la estación de esquí de Montanuy, de la misma manera que la pasada legislatura se opuso a la unión de las estaciones de los valles de Tena y del Aragón (Formigal, Candanchú y Astún), que amenaza la conservación del volcán del Anayet, de dos de los últimos ríos salvajes del Pirineo (Canal Roya y Canal de Izas) y de seis ibones.

Los planteamientos de Aramón despiertan dudas al mismo tiempo sobre la receptividad y el apoyo reales de los vecinos de la zona afectada para poner a disposición del hólding las tierras sobre las que están proyectadas las pistas, las urbanizaciones y otras instalaciones del complejo.

¿Para qué iba a ser necesario expropiar en un territorio proclive? ¿Tiene alguna influencia el cambio de promotor que endosa el proyecto a Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque?

Por otro lado, el proyecto de Castanesa lleva camino de activar la ‘prueba del nueve’ de la legalidad de los llamados Proyectos de Interés General Autonómico (PIGA), un formato específico de Aragón que posibilita que la iniciativa privada se beneficie de herramientas de la Administración como la expropiación, del acortamiento de algunos plazos de tramitación y de la atenuación de determinadas exigencias ambientales.

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